El Observatorio de Derechos Políticos y Electorales de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa emitió un extenso pronunciamiento al hacer un seguimiento del proceso de reforma de la Constitución provincial, que se encuentra en su tramo final y será sancionada en los próximos días.
Según se destacó, la nueva carta magna sentará las bases del orden político, social, económico y jurídico de la provincia para las futuras generaciones, en un contexto que adquiere relevancia nacional por haber sido motivo de intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2003, cuando se declaró la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución entonces vigente.
El antecedente de la
Corte Suprema
En aquel fallo, el máximo tribunal de la Nación dejó establecido que su intervención debía limitarse únicamente a la invalidez de la norma analizada, sin proponer alternativas de reemplazo, ya que ello implicaría inmiscuirse en el poder constituyente provincial y atentar contra el sistema federal garantizado en el artículo 1° de la Constitución Nacional.
“La cláusula reeleccionista formoseña debía ser corregida mediante el procedimiento constitucional previsto en la carta magna provincial”, recordó el Observatorio, subrayando que ya existía un llamado a Asamblea Constituyente con el propósito de avanzar en una reforma integral que contemplara nuevas garantías y derechos.
Una reforma de
alcance total
En este marco, la Asamblea Constituyente —máxima expresión de la soberanía popular— dictó una nueva norma que establece un límite de dos mandatos para los cargos de gobernador y vicegobernador. El texto incorpora, además, cláusulas transitorias que actúan como un puente jurídico entre el régimen anterior y el nuevo, evitando vacíos legales o interpretaciones que contradigan la decisión constituyente.
El organismo señaló que este proceso refleja cómo el derecho constitucional se adapta a las realidades políticas, tal como ocurrió con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que habilitó la reelección presidencial de Carlos Menem.
Defensa del principio republicano
El Observatorio advirtió que, así como lo reconoció la propia Corte Suprema, el poder constituyente es soberano y cualquier intento de intromisión judicial que contradiga lo dispuesto por la Asamblea Constituyente constituiría “un acto de gravedad institucional”.
“Una resolución contraria no solo burlaría la voluntad del pueblo expresada en la Asamblea, sino que violaría el principio de supremacía constitucional y erosionaría la legitimidad institucional, generando un grave conflicto de poderes”, precisó el pronunciamiento.
“Un momento
histórico”
Finalmente, el Observatorio remarcó el carácter trascendente de este proceso histórico:
“Estamos frente a una nueva Constitución que será promulgada por la voluntad del pueblo, convocado, consultado y representado. Como pueblo decimos: hacemos una Constitución para nosotros mismos y, si es necesaria una reforma, nosotros, el pueblo, asumimos también esa tarea. Porque en un régimen democrático y republicano, la voz del pueblo —donde reside la soberanía— sigue siendo la voz de Dios”.
Con estas palabras, la institución enfatizó la importancia de la reforma como una reafirmación de la democracia provincial y de la capacidad del pueblo formoseño para definir su propio destino político.