El Dr. José García, asesor letrado de la Defensoría del Pueblo de Formosa, en una entrevista con el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5, del Grupo de Medios TVO, brindó detalles sobre la denuncia presentada contra el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Alberto Vilches, por incumplir una orden judicial que exige el restablecimiento de las pensiones no contributivas por invalidez.
El Origen de la Denuncia
La problemática surge a raíz de una decisión judicial emitida por la jueza federal de Formosa, la Dra. Belén López Macé. Esta orden disponía el restablecimiento del pago de las pensiones no contributivas por invalidez laboral en toda la provincia de Formosa. La medida fue tomada en respuesta a una demanda de la Defensoría del Pueblo, que denunció las «innumerables irregularidades e ilegalidades» en las auditorías realizadas por la ANDIS.
«La orden es clara, no da lugar a interpretaciones», afirmó el Dr. García durante la entrevista. Explicó que la resolución judicial exige liberar los fondos de las pensiones que están retenidos, afectando a más de 5,000 formoseños que, en su mayoría, utilizan estos ingresos para su subsistencia, alimentación, medicamentos y tratamientos.
Una Situación Desesperante
El asesor letrado de la Defensoría del Pueblo destacó la crítica situación de las personas con discapacidad en la provincia, a quienes calificó como un «grupo altamente vulnerable». La falta de pago de sus pensiones los ha llevado a una «situación desesperante».
«Se entiende que la falta de cumplimiento es una negativa a cumplir la orden», enfatizó el Dr. García. La Defensoría del Pueblo no solo denunció la falta de pago, sino también el trato «inhumano» y el «destrato»que recibieron las personas durante las auditorías, que calificó como una «vergüenza».
Acciones Legales y la Denuncia Penal
Ante el incumplimiento de la orden judicial, la Defensoría del Pueblo intimó a la ANDIS a cumplir con lo establecido, bajo apercibimiento de una denuncia penal y la fijación de una multa diaria. Al no haber respuesta, la Defensoría decidió acudir nuevamente a la justicia para que se tomen medidas penales.
El Dr. García reveló que la ANDIS había apelado el fallo de primera instancia, pero su apelación fue «rechazada por la Cámara Federal de Resistencia». Esto significa que la orden de la jueza López Macé ha sido confirmada, y la ANDIS está obligada a cumplir.
El funcionario afirmó que es «inaudito» el desprecio por la autoridad judicial. «La justicia es la última ratio, o sea, es la última esperanza que tiene la gente en que la ley se haga viva», expresó el Dr. García, subrayando la gravedad institucional de la desobediencia de una orden judicial por parte de un organismo del Estado.
Pasos a Seguir y Otros Frentes de Lucha
La Defensoría del Pueblo ha solicitado a la jueza una audiencia virtual con las autoridades de la ANDIS. El objetivo es interpelar a los funcionarios «cara a cara» para encontrar una solución inmediata, ya que considera «una payasada» la excusa de que el restablecimiento de las pensiones afectaría las arcas del Estado.
El Dr. García precisó que la Defensoría está llevando adelante varios frentes de acción:
- Acción de Amparo: Se ha solicitado a la justicia que se ordene a la ANDIS realizar la auditoría en «legal forma», respetando los derechos de las personas con discapacidad, ya que las realizadas hasta ahora son consideradas «ilegales, arbitrarias e inhumanas».
- Medida Cautelar: Se busca la aplicación de multas al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida.
- Acción Penal: Se presentó una denuncia penal contra el interventor de la ANDIS, Alejandro Alberto Vilches, por el delito previsto en el artículo 278 del Código Penal, relacionado con el desconocimiento de una orden judicial. El Dr. García aseguró que la Defensoría llevará este caso hasta sus «últimas consecuencias».
El asesor letrado concluyó la entrevista con una fuerte reflexión, criticando la insensibilidad de algunos funcionarios: «Hemos escuchado a un funcionario decir que ‘todavía no se murió ni un incapacitado porque no cobró su pensión’. Eso es de una inhumanidad extrema». Esta situación, a su parecer, debe ser resuelta de inmediato por la justicia para garantizar los derechos de un sector vulnerable de la sociedad.