El anuncio del Gobierno de Javier Milei de avanzar con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) desató una reacción de alerta inmediata en el Congreso. Diputados y senadores de la oposición, desde el kirchnerismo hasta sectores federales, impulsan proyectos y declaraciones con un objetivo común: blindar al sistema nuclear argentino frente a la intención de vender el 44% de las acciones de la empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.
El movimiento es transversal y simultáneo en ambas cámaras. En Diputados, por un lado, Gabriela Estévez presentó un proyecto para anular el artículo de la Ley Bases que habilita la privatización parcial de NA-SA. En paralelo, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó la medida durante su último discurso en el recinto y pidió citar a Demian Reidel, flamante presidente de la compañía, mientras recordó que los gremios nucleares ya advirtieron que se trata de “regalar décadas de inversión y trabajo”. En paralelo, en el Senado, las iniciativas fueron anticipadas por el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, que busca declarar al sistema nuclear como “bien público estratégico, no enajenable”, y de Silvina García Larraburu, autora de un proyecto de ley que prohíbe expresamente cualquier privatización o extranjerización del sector.
Diputados de la oposición quieren derogar un artículo de la Ley Bases
La diputada Estévez presentó un proyecto para derogar el artículo 8 de la Ley Bases, que habilita la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Según argumentó, la medida oficial “socava la posición internacional del país, genera desconfianza y puede provocar un vaciamiento de talento científico y tecnológico”. También subrayó que “la lógica de la rentabilidad a corto plazo no es compatible con una industria que exige planificación, inversión sostenida y control soberano”.
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En el recinto, Pichetto acompañó las críticas. Durante la sesión en la que se rechazaron los vetos presidenciales al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica, pidió que se cite a Reidel, presidente de NA-SA y exintegrante del Consejo de Asesores de Milei. “Sería muy interesante que citemos a Reidel para que nos explique su brillante idea”, ironizó. Y advirtió: “Ahora nos enteramos que quieren privatizar el sistema de reactores nucleares en Argentina”.
Manuel Adorni anunció la privatización parcial de la empresa que controla las centrales nucleares argentinas
La oposición sumó el respaldo de los gremios. El Sindicato Regional de Luz y Fuerza señaló que la privatización “implica regalar décadas de inversión y trabajo de cientos de hombres y mujeres comprometidos con el crecimiento del sector nuclear argentino”. La organización remarcó que Nucleoeléctrica “es una empresa que sostiene con eficiencia y seguridad la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse”, y que desprenderse de parte de su paquete accionario “sería desmantelar una política de Estado de más de medio siglo”.
Mayans: «Ni Coca-Cola te vende su formula, no se puede vender ni por mil millones»
El jefe del interbloque de UxP anunció que impulsará con otros bloques una declaración para que el sistema nuclear argentino sea “bien público estratégico, no enajenable”. Lo hizo al cuestionar los anuncios del Ejecutivo difundidos por el vocero Manuel Adorni, que calificó de “verdaderamente gravísimo”. “Lo estamos charlando entre los jefes de bloques, estamos teniendo conversaciones también con diputados y vamos a declarar al sistema nuclear argentino un bien estratégico no enajenable por lo que representa”, adelantó.
Mayans puso el foco en el Proyecto Carem. Trazó una comparación provocadora: “[Coca-Cola] no te vende su fórmula de trabajo, imagínense con el Carem… Un sistema único a nivel mundial. Hace falta que el Estado argentino controle por siempre el sistema nuclear; además, por el concepto de seguridad”. Y enfatizó: “Es estratégico para el país y no se puede vender”.
El formoseño cuestionó la hipótesis de licitar activos del sector: “Tiene que ser controlado por el Estado argentino, no se puede vender ni por mil millones… ¿Cómo es que van a llamar a licitación?”.
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Con tono de urgencia, adelantó el trámite legislativo: “Estamos confeccionando un despacho entre los jefes de bloques y queremos tratarlo en la próxima sesión, con o sin despacho. Hay que parar eso en forma inmediata, antes que el daño sea más grande”.
En paralelo, la senadora rionegrina García Larraburu presentó un proyecto de ley que prohíbe privatizar, concesionar o extranjerizar a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la CNEA, la ARN, Dioxitek, la Planta de Agua Pesada y la Planta de Enriquecimiento de Uranio. “No es un negocio, es un patrimonio colectivo construido por generaciones de argentinos y argentinas”, defendió. Según argumentó, una venta “desmantelaría un sector estratégico, hipotecaría la soberanía energética y subordinaría el futuro de la Nación a intereses de corto plazo”.
Aunque provienen de bloques distintos y con matices ideológicos, los proyectos presentados en ambas cámaras confluyen en un mismo eje: impedir que el Gobierno avance con la privatización nuclear. Para la Casa Rosada, la venta parcial de NA-SA permitiría atraer inversión privada para extender la vida útil de Atucha I y reducir la carga fiscal. Para la oposición, en cambio, se trata de una decisión que amenaza la soberanía energética, la seguridad nacional y el capital científico y tecnológico acumulado por décadas.
JD / DCQ