El gobierno de Javier Milei prepara una reforma laboral que, según promete, formalizará a los ocho millones de trabajadores que hoy están en la economía informal.
El diagnóstico parece correcto: la informalidad alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, aumentando 1,6 puntos respecto al año anterior. Pero la solución propuesta no busca elevar a los trabajadores informales hacia la formalidad, sino bajar la formalidad hacia la informalidad.
Esta no es una discusión técnica. Es una discusión sobre qué país queremos construir.
Y sobre qué lugar ocupa el trabajador dentro del proyecto de Nación.
Porque cada legislación laboral expresa una idea de humanidad. Y esta reforma, bajo el lenguaje de la eficiencia, propone retroceder un siglo.
El eufemismo de la “modernización”
Llamar “modernización” a esta reforma es un ejercicio de manipulación lingüística.
Lo que el gobierno propone es simple: legalizar las condiciones que el mercado ya impone ilegalmente en la informalidad.
En lugar de reconocer derechos a quienes carecen de ellos, la reforma busca eliminar derechos a quienes todavía los conservan.
Los puntos centrales incluyen jornadas de hasta 12 horas diarias, indemnizaciones en cuotas para PyMEs, y un concepto revelador: el “salario dinámico”.
Según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, beneficiará más “al que da todo de sí”.
Suena razonable hasta que recordamos que, en una relación asimétrica, quien define qué es “dar todo de sí” nunca es el trabajador.
En nombre de la eficiencia se pretende volver al tiempo en que el obrero era un engranaje descartable. Se invierte el orden moral: ya no es el trabajo el que debe ser protegido frente al abuso, sino el mercado el que debe ser protegido frente a la dignidad humana.
La trampa del monotributo
Quizás lo más perverso de la reforma sea convertir el monotributo en el nuevo estándar de “formalidad”. Bajo esta lógica, un trabajador que emite factura mensual estaría “registrado”, aunque carezca de aguinaldo, vacaciones, protección frente al despido o cualquier derecho del siglo XX.
No es un error técnico.
Es la esencia del proyecto: convertir empleados en “independientes”, permitir que empresas los contraten como monotributistas, y presentar como formalidad lo que en realidad es precariedad maquillada.
Ningún país puede llamarse justo si confunde registro con dignidad.
Las lecciones que preferimos ignorar
La evidencia comparada es contundente.
Brasil flexibilizó y el desempleo aumentó 2,4 puntos en tres años.
Chile flexibilizó y el subempleo alcanzó su nivel más alto desde 2012.
Y la OIT fue aún más clara: en el 80% de los países donde se fortaleció la protección laboral, el desempleo cayó.
En cambio, donde se debilitó, el desempleo aumentó.
Los pueblos no prosperan desde la precariedad. Prosperan desde los derechos.
El problema que nadie quiere nombrar
Mientras el gobierno acusa a las “rigideces” laborales de impedir el desarrollo, desde que Milei asumió cerraron 18.032 empresas y se perdieron 253.728 empleos privados registrados.
Si las regulaciones fueran el problema, ¿por qué el empleo se derrumba precisamente durante el proceso de desregulación?
Las empresas invierten cuando hay demanda, no cuando se flexibiliza un convenio colectivo.
Una economía en recesión no genera trabajo por decreto.
El justicialismo lo entendió desde su nacimiento: sin mercado interno no hay Nación posible.
El Modelo Formoseño: crecimiento sin ajuste y trabajo sin retrocesos
Mientras la Nación impulsa una reforma laboral que propone “modernizar” recortando derechos, Formosa demuestra que existe otro camino.
Un camino que no destruye la legislación laboral, sino que la enmarca dentro de un proyecto de crecimiento. Un camino que entiende que el trabajo no es un costo, sino la base moral y económica de la comunidad.
La consultora Politiké lo confirmó con datos: Formosa creció 52,70% interanual en empleo registrado de la construcción, el mayor incremento del país.
Son 1225 nuevos puestos formales en un solo sector. Y otro dato igual de contundente: el salario real acumulado creció 18,40%, también el más alto del país.
Este crecimiento no ocurrió por azar. Ocurrió porque la provincia sostuvo la obra pública cuando la Nación la paralizó. Mantuvo la inversión en infraestructura cuando la recesión nacional la volvió inviable para el resto del país. Y protegió el ingreso de los trabajadores cuando el ajuste nacional lo pulverizaba.
Y los efectos se expanden:
Las inscripciones iniciales de autos crecieron 32,3% interanual.
Las transferencias crecieron 10,1%.
El consumo vive porque el salario vive.
Y el salario vive porque el Estado decide que viva.
Dentro de la misma tradición: la decisión de Jofré con los municipales
Dentro de la misma tradición justicialista que coloca al trabajador en el centro de la comunidad, el intendente Jorge Jofré tomó decisiones que van en dirección opuesta a la precarización que propone la reforma laboral nacional.
Durante el Día del Empleado Municipal anunció el pase a planta de los monotributistas con cinco años de servicio, sacando a cientos de familias del limbo contractual y devolviéndoles estabilidad.
Anunció también una recategorización que alcanza a 136 empleados en reconocimiento a sus trayectorias laborales.
Y otorgó un bono especial de 25.000 pesos para celebrar su día entre compañeros.
Los discursos del acto revelan la filosofía política detrás de estas decisiones.
Jofré agradeció “el esfuerzo diario para que la ciudad luzca mejor” y recordó que “los municipales somos una familia”.
Paula Cattáneo destacó que “cada pequeño gesto construye comunidad”.
Y los trabajadores remarcaron que Jofré fue el único intendente que no dejó a nadie sin contrato y que respetó pases a planta demorados por gestiones anteriores.
No es solo gestión administrativa.
Es una postura ideológica.
Es una afirmación profunda de que el trabajador no es un recurso: es el corazón de la comunidad organizada.
Y es la demostración de que incluso en tiempos adversos se puede elegir proteger a quienes sostienen cada día la vida de la ciudad.
El costo de los costos
El gobierno sostiene que los “altos costos laborales” impiden crecer. Sin embargo, para igualar los aportes previsionales de un solo trabajador registrado se necesitan 27 monotributistas.
El sistema previsional ya está siendo erosionado por la informalidad. Y esta reforma lo destruiría por completo.
Un país que abandona a sus jubilados se abandona a sí mismo.
Una reforma para quién
La reforma replica el espíritu del DNU 70/2023, en su parte laboral declarado inconstitucional. Reduce costos de despidos. Debilita convenios.
Permite reemplazar negociaciones colectivas por acuerdos empresariales desiguales. Y elimina la ultraactividad, dejando al trabajador sin protección al vencer un convenio.
Nada de esto genera empleo.
Todo esto genera vulnerabilidad.
La pregunta incómoda
Si se aprobara la reforma, ¿formalizaría realmente a los ocho millones de trabajadores informales? La respuesta es no.
Solo legalizaría su precariedad.
La verdadera discusión es otra.
¿Necesita Argentina menos protección o más crecimiento?
¿Necesita menos derechos o más trabajo digno?
La historia, los datos y los pueblos responden lo mismo:
un país crece cuando crecen sus trabajadores.
Todo lo demás es retroceder un siglo.
Lic. Faustino Duarte