El subsecretario de Trabajo de la provincia de Formosa, Julio Valdez, formuló duras críticas a las modificaciones propuestas en distintos institutos del Derecho Laboral incluidas en el proyecto del Gobierno nacional, al considerar que generan un retroceso en las garantías de los trabajadores y amplían el margen de discrecionalidad de los empleadores.
Según explicó el funcionario a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), cambios en aspectos centrales como las vacaciones y las indemnizaciones perjudican directamente al trabajador. En ese sentido, remarcó que en el nuevo esquema de cálculo de indemnizaciones “ya no se toman en cuenta el aguinaldo ni las vacaciones, sino solamente el sueldo”, lo que implica una pérdida concreta para quien es despedido.
Valdez también se refirió al denominado “banco de horas”, un mecanismo que, afirmó, otorga al empleador la facultad de administrar de manera flexible la jornada laboral. “Un día el trabajador puede cumplir 10 u 11 horas y al día siguiente solo tres o cuatro. De esta manera, prácticamente desaparecen las horas extras”, advirtió.
En ese marco, sostuvo que el trabajador podría exceder la jornada diaria de ocho horas sin percibir un pago adicional, siendo compensado únicamente con menos horas en otro momento. “¿Cuál es el beneficio para el trabajador de trabajar 10 o 12 horas? Ninguno”, sentenció.
Otro de los puntos cuestionados fue la prevalencia del acuerdo individual entre empleador y trabajador, bajo la idea de un “contrato de igual a igual”.
Al respecto, Valdez fue contundente: “Nunca el trabajador y el empleador están en igualdad de condiciones”.
Para el subsecretario, esta lógica vulnera el principio protectorio del derecho laboral, que existe justamente para corregir la desigualdad estructural entre ambas partes. “Es ilusorio pensar que el trabajador puede discutir condiciones de trabajo en igualdad, porque quien toma las decisiones es el empleador”, afirmó.
Consultado sobre si estas reformas podrían derivar en despidos masivos, señaló que antes de avanzar debería existir “una discusión amplia, profunda, razonable y responsable”.
Además, rechazó la idea de que los cambios propuestos vayan a solucionar el problema del empleo. “Creer que con estas modificaciones se va a subsanar este tema es una mentira”, concluyó.