El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 942/2025, a través del que prorrogó la emergencia sanitaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 y dispuso la centralización orgánica y funcional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el ámbito del Ministerio de Salud.
Al respecto, el jefe del Departamento de Educación Especial, Gustavo Miers, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), indicó que “el Gobierno nacional resolvió desmantelar la ANDIS, que se vio envuelta en actos de corrupción, coimas y supuesto robo de recursos para medicamentos, con la hermana del presidente (Javier) Milei presuntamente siendo parte de todo esto, limitándola a un espacio del Ministerio de Salud”.
En ese sentido, remarcó que “la discapacidad no puede limitarse a una cuestión de salud, ya que está atravesada por la educación, el trabajo, la salud, el transporte y la recreación”.
Por ello, calificó como “nefasta” dicha decisión política y reprobó contundente que “se convierte en una medida anticonstitucional, vulnerando y rompiendo acuerdos con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad”.
A la vez, alertó que “nos empuja hacia atrás, anulando años de avances en derechos”, dado que se vuelve a “un paradigma ya superado: el modelo médico, que reduce a la persona en diagnósticos y déficits, ignorando el contexto social, económico y territorial en el que desarrollan su vida”.
Recordó aquí que “la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU es un tratado internacional que protege la dignidad y los derechos humanos de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión y participación plena en la sociedad, prohibiendo la discriminación y garantizando su igualdad ante la ley, enfocándose en derechos a la educación, trabajo, vida familiar, acceso a la información y participación política, y reconociendo que son sujetos de derechos y no objetos de asistencia”.
“Es un tratado de derechos humanos de las Naciones Unidas adoptado en 2006 y en vigor desde 2008, que unifica y fortalece los derechos”, subrayó el funcionario, apuntando que “se basa en el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la inclusión”.
Del mismo modo, promueve “el acceso a la educación, al empleo y al trabajo en igualdad de condiciones”, así como a la accesibilidad universal.
Agregó que “el enfoque que adopta es un cambio de un modelo médico a uno social y de derechos humanos, reconociendo que la discapacidad surge de barreras sociales y físicas, no solo de condiciones personales”.
En este contexto, Miers contrastó las políticas del actual Gobierno nacional y las que lleva adelante el Gobierno de Formosa. “Aquí se erige el Modelo Formoseño, liderado por nuestro gobernador Gildo Insfrán, siendo un faro de garantías de derechos, de manera integral, con el modelo de igualdad de oportunidades, equidad territorial, plena inclusión y con justicia social, donde nadie queda afuera, sobre todo, los que más necesitan”.
En el país “tenemos dos modelos totalmente opuestos: el de abandono, retroceso, discriminación y quita de derechos de Milei, y el de garantía de derechos, cuidado integral, de igualdad de oportunidades y de amor del gobernador Insfrán”, diferenció, al concluir.