En una reveladora entrevista concedida al programa “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 (Grupo de Medios TVO), Pánfilo Ayala, presidente de la Federación Agraria Argentina-Filial Laguna Naineck, lanzó duras críticas contra la gestión del gobierno provincial. El dirigente agrario expuso la asfixiante situación económica que atraviesan los pequeños productores, a quienes se les adeudan pagos por mercadería entregada hace más de dos meses.
Una deuda millonaria que asfixia al pequeño productor
Durante la charla con el periodista Daniel Moreira Vieira, Ayala detalló que el Estado provincial mantiene una deuda que ya supera los 70 días con las familias rurales que proveen alimentos a programas oficiales. Según el referente, esta falta de pago impacta directamente en el sustento básico de quienes menos tienen.
“Hemos hecho público por segunda vez en estos primeros días del año 2026 esta deuda que, según nos manifestaban los productores, hace más de 70 días que el gobierno de la provincia no le paga por el producto que le habían llevado”, afirmó Ayala, subrayando que la situación es desesperante. “Hay que estar en el lugar de los pequeños productores empobrecidos para enfrentar situaciones de falta de plata de más de dos meses, con lo que esto conlleva en la vida cotidiana de uno de los sectores más vulnerables, más castigados y más pobres de la provincia de Formosa”.
Al ser consultado sobre la magnitud del compromiso financiero, Ayala estimó cifras alarmantes: “La deuda es millonaria, estaría alrededor de 250 millones de pesos sumado a todo lo que le lleva en un tiempo de dos meses, tres meses en algunos casos”.
El fracaso de la «propaganda política» y la ausencia del Estado
Frente a los anuncios oficiales de una «Agenda 2026» con aumentos de partidas para el sector a través del Instituto PAIPPA, el presidente de la filial Naineck fue tajante al calificar estas medidas como meros movimientos de marketing sin impacto real en la economía rural.
“Todos los programas que tiene el gobierno de la provincia han demostrado que han fracasado. Solo sirve para las fotos y para una propaganda política. Todo es cáscara, no tiene contenido”, sentenció. Para Ayala, la realidad en las chacras contradice el discurso oficial: “Se ha reducido y se sigue reduciendo áreas de siembra que estaban en manos de familias de pequeños productores por una de las consecuencias más importantes que es la ausencia del Estado, la ausencia de políticas públicas”.
Esta desidia estatal, según el dirigente, está provocando un fenómeno de “desarraigo y desintegración familiar”, donde los hijos de productores abandonan el campo y los adultos mayores se ven obligados a vender sus parcelas por no poder sostener la producción.
El «miedo al castigo» como herramienta de control
Uno de los puntos más tensos de la entrevista fue cuando se abordó el silencio de muchos productores ante estas irregularidades. Ayala explicó que existe un temor generalizado a las represalias por parte del gobierno.
“Los que vivimos en la provincia de Formosa sabemos muy bien que es muy difícil levantar la voz ante un sistema que realmente oprime. Mucha gente en nuestra provincia tiene miedo. Los productores nos dicen: ‘tenemos miedo de denunciar porque si llegamos a denunciar nos cortan la cabeza’”, relató con preocupación.
El dirigente describió un escenario de opresión donde el reclamo de un derecho básico se percibe como un riesgo: “La gente manifiesta su miedo porque si se expresan por las redes o en una reunión, sufren las consecuencias del látigo, como comúnmente se dice, el castigo”.
Un llamado a la dignidad y la acción
Para finalizar, Pánfilo Ayala instó a los trabajadores rurales a no claudicar y a exigir lo que les corresponde por ley, utilizando a la Federación Agraria como un refugio ante la vulnerabilidad.
“Instamos a los productores a que se pongan de pie, que reclamen lo que por derecho le corresponde, que se conviertan en verdaderos ciudadanos y no simples habitantes, para que reclamen por su dignidad y no estar arrodillados”, concluyó.
La entrevista cerró con una reflexión sobre la incertidumbre que reina en el sector norte de la provincia, donde cerca de mil familias viven con el “quebranto permanente de no saber cuándo van a cobrar”, dependiendo muchas veces del humor de un funcionario de turno, a pesar de que el gobierno provincial suele jactarse de poseer superávit económico.