domingo, 26 abril, 2026
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El Ministerio de la Comunidad desmintió acusaciones sobre presunto desalojo forzoso y estafa

El Ministerio de la Comunidad desmintió de manera categórica las acusaciones realizadas por la ex diputada provincial Gabriela Neme, quien afirmó públicamente que el organismo habría quitado la vivienda a la madre de una niña víctima de abuso y trasladado a la familia de forma forzada a un módulo inhabitable, sin agua y con una deuda de energía eléctrica que no le correspondía.
Al respecto, la directora de Coordinación de Áreas Programáticas del Ministerio de la Comunidad, Luz Olmedo, aseguró que “las acusaciones son completamente falsas” y aclaró que no existió ningún tipo de estafa, ni desalojo, ni acción compulsiva por parte del Estado provincial.
Según explicó la funcionaria, el Ministerio de la Comunidad viene trabajando con la familia de Milagros Ocampo desde el año 2023, a través de un abordaje integral que incluyó la intervención de distintas áreas del Estado, entre ellas la Dirección de Coordinación de Áreas Programáticas, la Dirección de Niñez y Adolescencia, y el Programa Mejor Calidad de Vida, garantizando acompañamiento, asesoramiento profesional y contención permanente.
En enero de 2024, ante una situación de vulnerabilidad habitacional, se otorgó a la señora Ocampo un módulo habitacional en el barrio Fray Salvador Gurrieri, conocido en aquel entonces como Lote Rural 111, y desde entonces el Estado provincial continuó acompañando a la familia en el marco de una política pública de presencia activa y sostenida.
Tras el supuesto hecho de abuso sexual sufrido por su hija, hacia fines de 2025, la señora Ocampo se presentó ante el programa Mejor Calidad de Vida y, el 9 de diciembre, solicitó de manera voluntaria, expresa y por escrito la permuta de su módulo habitacional. Dicho procedimiento se encuentra debidamente regulado por el programa y se inició a partir de un pedido formulado por la propia interesada, quien manifestó su voluntad de avanzar con el trámite.
Una vez constatado que se reunían los criterios establecidos y confirmada su decisión de continuar, el Ministerio dio curso y seguimiento a la solicitud conforme a los pasos administrativos correspondientes.
Olmedo explicó que la permuta consiste en el intercambio consensuado de unidades habitacionales entre dos partes y que, para su concreción, se realizaron las constataciones correspondientes mediante visitas domiciliarias, verificando el consentimiento de ambas partes, así como las condiciones edilicias y de los servicios públicos. Posteriormente, se firmaron las actas, se dio curso al expediente administrativo y se formalizó el acto correspondiente.
Asimismo, la funcionaria señaló que “la señora Ocampo tenía pleno conocimiento de la situación vinculada a una supuesta deuda por consumo de energía eléctrica del otro módulo, y que, aun así, decidió avanzar con el trámite, situación que quedó registrada en el expediente”.
En relación con las denuncias sobre la supuesta retención de pertenencias y elementos básicos, Olmedo fue enfática al remarcar que “el Ministerio de la Comunidad no interviene en procesos de mudanza ni traslado de bienes personales, ya que su competencia se limita exclusivamente a los aspectos administrativos de la permuta habitacional”. En ese sentido, calificó dichas afirmaciones como “infundadas y alejadas de la realidad”.
Finalmente, la directora Olmedo expresó su preocupación por la utilización política de una situación sensible, que involucra a una familia que ha sido acompañada de manera constante por el Estado provincial. En ese marco, remarcó que “la difusión de información falsa no solo desinforma a la sociedad, sino que también afecta el trabajo responsable y comprometido de los equipos técnicos y profesionales que intervienen diariamente en el abordaje de situaciones de vulnerabilidad”.
“No permitiremos que se desvirtúe el trabajo, ni que se desacrediten las políticas públicas que se llevan adelante, ni que se utilicen situaciones sensibles con fines político partidarios”. En ese sentido, adelantó que se evalúa la adopción de las medidas legales correspondientes ante la difusión de información falsa, infundada y carente de sustento.

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