La Cámara Federal de Resistencia revocó una protección judicial, permitiendo que tres trabajadores con larga trayectoria sean desvinculados por segunda vez en menos de una década.
Un fallo clave en un escenario de subrogancias
La situación laboral en las oficinas de ANSES ha tomado un giro dramático tras la reciente intervención de la Justicia Federal. Tres empleados, que sumaban más de una década de experiencia en el organismo, perdieron la protección legal que les permitía conservar sus puestos. Esta decisión fue tomada por jueces temporales que integraban la Cámara Federal de Resistencia debido a la ausencia de los magistrados titulares.
Al anularse la medida cautelar que ordenaba su reincorporación previa, la administración nacional procedió al cese inmediato de sus funciones. Este movimiento judicial deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema, tras años de litigar por su derecho a la permanencia.
El ciclo de la inestabilidad política
Lo que hace singular este caso es la recurrencia del conflicto. No se trata de un despido aislado, sino del capítulo final de una disputa que se remonta a la gestión de Cambiemos. En aquel entonces, los afectados fueron apartados de sus cargos, iniciando un periplo legal que les permitió regresar a sus tareas bajo el amparo de la justicia.
Sin embargo, con el actual cambio de signo político en el Gobierno Nacional, los trabajadores denuncian que se ha reactivado una lógica de persecución ideológica. Bajo la actual administración, se ejecutó un segundo despido, enmarcado en las políticas de ajuste y reducción del gasto público que impactan directamente sobre la planta estatal.
El fin del camino jurídico
La desvinculación definitiva parece ser el desenlace inevitable de esta larga contienda. Según fuentes cercanas al caso, el fallo de la Cámara de Resistencia habría cerrado las puertas a nuevas apelaciones efectivas. Tras casi diez años de resistencia en los tribunales, las herramientas legales parecen haberse agotado.
Este desenlace no solo afecta a las tres familias involucradas, sino que sienta un precedente sobre la fragilidad de las medidas cautelares en el empleo público frente a los cambios de administración y las reestructuraciones del Estado.