El sistema de salud en la República Argentina, históricamente reconocido por su carácter solidario y su amplia red de seguridad social, atraviesa hoy una de las crisis más sombrías de su historia. Lo que a simple vista parece ser una tensión financiera por costos inflacionarios es, bajo un análisis más riguroso, una «desarticulación deliberada del derecho a la vida». El afiliado, ese trabajador que aporta mes a mes con la esperanza de ser asistido en su momento de mayor fragilidad, se encuentra hoy atrapado en una red de «planes engañosos», burocracias asfixiantes y una desprotección estatal que roza la complicidad.
El Engaño Estructural: La Proliferación de Obras Sociales «Sello de Goma»
El corazón del problema reside en la existencia de cientos de entidades que funcionan como meros intermediarios financieros sin infraestructura propia. Estas organizaciones, conocidas en el sector como «obras sociales sello de goma», captan los aportes obligatorios de los trabajadores para luego subcontratar redes de prestadores que nunca terminan de pagar. El resultado es el «vaciamiento prestacional»: el usuario aporta a una entidad que le entrega una cartilla llena de nombres de clínicas y médicos que, al ser consultados, responden con la misma frase lapidaria: «No recibimos más esa obra social por falta de pago».
Esta maniobra constituye una «estafa de servicios» a gran escala. Las entidades retienen el dinero del aporte, lo colocan en circuitos financieros para obtener réditos por la demora en los pagos (el famoso «bicicleteo»), mientras el afiliado padece la «peregrinación por el turno inexistente». La salud se convierte así en una ficción administrativa donde el carnet es solo un plástico sin valor de cambio en el mercado de la medicina real.
La Situación Crítica en Formosa: Geografía del Abandono
Cuando se analiza la periferia del país, especialmente en la provincia de Formosa, la crisis adquiere matices de tragedia humanitaria. En el territorio formoseño, el sistema de obras sociales nacionales y prepagas opera bajo una «lógica de abandono geográfico». Al ser una provincia con una infraestructura de salud privada concentrada en pocos actores, las obras sociales aprovechan la falta de competencia para imponer condiciones leoninas a los prestadores locales o, simplemente, no firmar convenios.
Para un formoseño, tener una obra social nacional a menudo significa tener «cobertura de diagnóstico, pero no de tratamiento». Los pacientes con patologías crónicas o enfermedades que requieren alta complejidad se ven obligados a tramitar derivaciones que tardan meses en ser autorizadas. Esta «centralización del derecho a la salud» en Buenos Aires obliga a las familias del norte a realizar viajes extenuantes, costeando hoteles y traslados que la obra social debería cubrir pero que niega bajo el pretexto de «falta de cupos en los centros de referencia». En Formosa, el sistema no solo falla por falta de dinero, sino por una «ausencia total de auditoría en terreno» que verifique si el afiliado realmente tiene donde atenderse.
El Abuso de las Prepagas: La Selección de Riesgo como Estrategia Comercial
En el ámbito de la medicina prepaga, el escenario no es más alentador. Tras la desregulación total de precios, las empresas han iniciado un proceso de «limpieza de cartera». Mediante aumentos que superan cualquier índice de precios al consumidor, se busca expulsar a los afiliados que no pueden pagar, especialmente a aquellos que, por su edad o historial clínico, representan un «gasto».
Se ha vuelto una práctica común el uso de «cláusulas de preexistencia abusivas» y la negativa sistemática a cubrir tratamientos amparados por la Ley de Discapacidad. Las empresas de medicina privada han perfeccionado la «ingeniería de la demora»: solicitan informes médicos complementarios una y otra vez, cuestionan las dosis de los medicamentos recetados por especialistas y obligan al paciente a recurrir a la justicia. Hoy, la salud argentina se sostiene sobre una «catarata de recursos de amparo», donde solo aquellos que tienen los medios para pagar un abogado logran que se les entregue una prótesis o un tratamiento oncológico.
La Responsabilidad de la Superintendencia: ¿Fiscalización o Simulación?
Ante este descalabro, surge la pregunta inevitable: ¿Quién debería estar cuidando a los afiliados? El organismo rector es la «Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud)». Sin embargo, su actuación ha sido históricamente reactiva y no preventiva. El organismo tiene la potestad de «intervenir, sancionar y liquidar» a aquellas entidades que no cumplen con el Plan Médico Obligatorio (PMO), pero la realidad muestra una lentitud burocrática que favorece al infractor.
Para revertir esta situación, la Superintendencia debe dejar de ser un ente que solo recibe expedientes para convertirse en un «garante activo de la atención médica». Esto implica:
- Auditorías de Red Real: Verificar que los médicos que figuran en las cartillas realmente atiendan y cobren los valores correspondientes, eliminando el «plus médico ilegal» que hoy desangra al afiliado.
- Transparencia en el Fondo Solidario de Redistribución: Publicar con claridad hacia dónde van los fondos destinados a los tratamientos de alto costo, evitando que queden atrapados en los «plazos fijos de las obras sociales».
- Sanciones de Clausura: No limitar las penas a multas pecuniarias que se licúan con la inflación, sino proceder a la «suspensión de la captación de nuevos afiliados» para las entidades que sistemáticamente niegan prestaciones.
La Urgencia de una Reforma con Rostro Humano
El diagnóstico de la salud en Argentina es de «pronóstico reservado». El modelo actual ha permitido que se instalen «sistemas de planes engañosos» donde la ganancia se construye a partir de la prestación no brindada. La situación en provincias como Formosa demuestra que el código postal no debería determinar la expectativa de vida de un ciudadano.
Es imperativo que la sociedad civil y los organismos de control exijan el fin de la «mercantilización del dolor». La salud no es una mercancía que se pueda comprar y vender bajo las reglas del libre mercado cuando lo que está en juego es la integridad física de las personas. El sistema debe volver a sus bases: «la solidaridad como motor y la eficiencia como herramienta», bajo una supervisión estatal que no sea cómplice del silencio.