En un escenario político marcado por la urgencia en materia de seguridad, el Poder Ejecutivo ha decidido quemar etapas y llevar uno de sus proyectos más sensibles al tablero del Congreso. La administración central busca capitalizar el inicio del año legislativo con una propuesta que promete dividir aguas en el recinto, pero que cuenta con un fuerte respaldo en las encuestas de opinión pública que exigen respuestas ante el delito juvenil.
El anuncio oficial no dejó lugar a dudas sobre la prioridad gubernamental. El jefe de Gabinete, «Manuel Adorni, confirmó que el proyecto de ley Penal Juvenil será tratado en el Congreso durante las sesiones extraordinarias programadas del 2 al 27 de febrero». Esta ventana temporal de menos de un mes supone un desafío logístico y político, ya que el oficialismo deberá articular mayorías con bloques aliados y la denominada «oposición dialoguista» para blindar una iniciativa que modifica décadas de doctrina penal en el país.
El factor Bullrich: «No más excusas»
La principal impulsora de la medida, la ex ministra de Seguridad, ha adoptado una postura de confrontación directa contra lo que denomina el «garantismo paralizante». En sus últimas apariciones, «Patricia Bullrich reforzó la decisión con un mensaje contundente: ‘No más excusas ni dilaciones’, en referencia a la necesidad de avanzar con la discusión legislativa». Para Bullrich, la edad actual de imputabilidad (16 años) funciona como una «puerta giratoria» que organizaciones criminales utilizan para reclutar menores, sabiendo que estos gozan de una impunidad técnica ante delitos graves como el homicidio o el robo a mano armada.
Desde el ámbito legislativo, el camino ya ha sido allanado por las autoridades de la Cámara Baja. «Anteriormente, Martín Menem había adelantado que el Ejecutivo incluiría la temática en el debate del recinto, dejando en claro la intención de priorizar el proyecto durante las jornadas de sesiones extraordinarias». La estrategia legislativa del oficialismo apunta a un tratamiento exprés en comisiones para evitar que el proyecto quede diluido en discusiones procedimentales.
Formosa ante la encrucijada: Entre el garantismo y la presión social
El impacto de esta reforma en la provincia de Formosa genera un eco particular. A diferencia del conurbano bonaerense o Rosario, Formosa presenta una realidad delictiva juvenil ligada a otros factores, como la vulnerabilidad extrema en zonas periféricas y el tráfico de sustancias en áreas fronterizas. Sin embargo, la percepción de inseguridad en la capital provincial ha crecido, poniendo a los juristas y políticos locales en una posición de análisis crítico.
Análisis de la postura jurídica formoseña
Abogados y especialistas de la provincia han comenzado a desglosar el proyecto nacional bajo la lupa de la realidad local. Las opiniones se dividen principalmente en tres ejes:
1. El conflicto de la jerarquía constitucional
Diversos letrados formoseños, especializados en Derecho de Familia y Minoridad, sostienen que el proyecto podría enfrentar una lluvia de amparos. Argumentan que la baja de imputabilidad podría violar el «principio de no regresividad» en materia de derechos humanos. Según abogados del foro local, «el sistema jurídico de Formosa ha trabajado históricamente bajo el paradigma de la protección integral, y una baja en la edad requeriría una readecuación total de los centros de alojamiento, que hoy no están preparados para recibir a menores de 13 o 14 años».
2. La visión de los penalistas: ¿Solución o paliativo?
Para un sector de la abogacía penal de Formosa, la medida es necesaria pero insuficiente. Opinan que el foco debe estar en la «autoría mediata», es decir, en penas mucho más severas para los adultos que utilizan a menores para delinquir. «En una provincia fronteriza como la nuestra, el menor suele ser el eslabón más débil de una cadena manejada por mayores de edad que quedan en la sombra», explican algunos referentes del derecho penal en la provincia.
3. Antecedentes y jurisprudencia local
Formosa ha tenido antecedentes de fallos donde la justicia provincial ha priorizado medidas socio-educativas por sobre el encierro punitivo. No obstante, la presión de sectores vecinales en barrios como el Circuito Cinco ha llevado a que el discurso punitivo gane terreno. Juristas vinculados a la práctica forense diaria señalan que «la reforma nacional obligará a Formosa a invertir en infraestructura judicial especializada, de lo contrario, la ley será una letra muerta por falta de recursos para su aplicación».
Puntos clave de la controversia en la provincia
| Eje de Análisis | Postura Predominante en Formosa |
| Infraestructura | Crítica: Faltan centros de detención juvenil con estándares educativos. |
| Enfoque Social | Énfasis en la prevención: Se argumenta que la pobreza es el motor del delito juvenil local. |
| Seguridad de Frontera | Preocupación por el uso de menores en el contrabando y narcomenudeo. |
| Independencia Judicial | Temor a que la ley nacional opaque las facultades de los jueces de menores locales. |
Hacia un debate de fondo
La discusión en las sesiones extraordinarias de febrero no será solo técnica, sino profundamente ideológica. Formosa, con su propio Consejo de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, deberá decidir si acompaña la tendencia nacional o si plantea una resistencia jurídica basada en sus particularidades regionales. Lo que es innegable es que, como afirman los abogados locales, «la baja de la imputabilidad es solo la punta del iceberg de una crisis social que requiere mucho más que una reforma al Código Penal».