Por Lic. Faustino «Yiyo» Duarte
El proyecto de «modernización laboral» que el gobierno de Milei pretende aprobar en febrero de 2026 no es una simple reforma: es una ingeniería de la vulnerabilidad. Detrás del lenguaje técnico se esconde una transferencia masiva de poder desde los trabajadores hacia las empresas. La falacia del «consenso» y el mito de la litigiosidad como problema central revelan la verdadera naturaleza del proyecto: consolidar un mercado laboral donde la subsistencia reemplace al empleo digno.
El 11 de diciembre de 2025, Javier Milei firmó un proyecto de ley de casi 200 artículos que promete «modernizar» el mercado laboral argentino. La iniciativa, elaborada en el seno del Consejo de Mayo sin participación real de los sindicatos, fue presentada como la solución a los males estructurales del empleo en Argentina. El gobierno esperaba aprobarlo antes de fin de año. No pudo: una masiva movilización sindical el 18 de diciembre y el rechazo parlamentario lo postergaron hasta febrero de 2026.
Ese mes será decisivo. Pero mientras el oficialismo negocia con «argumentos o prebendas» para convencer a legisladores indecisos, conviene desmontar la narrativa oficial. Porque esta reforma no resuelve ninguno de los problemas que dice atacar. Por el contrario, los profundiza.
El falso diagnóstico: la «industria del juicio»
El gobierno y sus aliados empresariales sostienen que Argentina padece una «epidemia de litigiosidad» que ahuyenta inversiones, encarece el empleo formal y destruye competitividad. Las cifras parecen abrumadoras: en 2025 se registró un récord histórico de casi 132.000 juicios laborales por riesgos del trabajo, un promedio de 400 demandas diarias. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) calculó que la litigiosidad anual equivale a $2,1 billones, o 6.891.653 salarios mínimos.
El problema —advierten desde el sector empresarial— es que la litigiosidad creció 94% desde 2019, mientras que la economía creció apenas 6% y el empleo 5%. Argentina multiplica por 21 la cantidad de juicios de España y por 15 la de Chile, pese a tener índices de accidentabilidad similares.
¿La conclusión oficial? Los trabajadores argentinos son litigiosos, los abogados son oportunistas, y el sistema laboral incentiva el juicio en lugar del trabajo.
Pero esta narrativa es fraudulenta.
Primero, porque confunde síntoma con causa. La litigiosidad no crece porque los trabajadores sean codiciosos sino porque las empresas no cumplen con las normas básicas de seguridad laboral y porque el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) subvalúa sistemáticamente las incapacidades. Cuando un trabajador sufre un accidente y la ART le ofrece una indemnización irrisoria, el juicio no es una «industria»: es la última instancia de defensa.
Segundo, porque la comparación internacional es tramposa. España y Chile tienen sistemas de inspección laboral, organismos de control efectivos, y sanciones preventivas que funcionan. Argentina tiene un Estado desmantelado donde las inspecciones son inexistentes y las multas simbólicas. La litigiosidad baja cuando hay prevención. Si en Argentina se judicializa todo es porque no hay alternativa administrativa confiable.
Tercero, porque la «solución» propuesta por la reforma no ataca las causas de la litigiosidad sino que reduce los derechos de los trabajadores. El proyecto no fortalece los cuerpos médicos forenses independientes (que sí reducen litigios donde existen), no mejora la prevención de accidentes, no endurece las sanciones a empresas incumplidoras. Lo que hace es abaratar el despido, fragmentar las indemnizaciones, y limitar el derecho a huelga.
Es decir: en lugar de resolver el problema, castiga a quienes lo padecen.
Las trampas del proyecto: flexibilización disfrazada de libertad
La reforma se presenta como un ejercicio de «libertad contractual» donde trabajadores y empleadores podrán negociar condiciones más adecuadas a cada realidad productiva. Suena razonable. Hasta que se lee la letra chica.
- El Fondo de Asistencia Laboral (FAL): privatizar el despido
El proyecto crea un sistema optativo donde el empleador aporta mensualmente el 3% del salario a una cuenta de inversiones destinada a financiar indemnizaciones. El aporte se compensa con descuentos en cargas sociales, lo que impacta directamente en el sistema previsional.
¿El problema? Que transfiere el costo del despido al propio trabajador. Hoy, cuando una empresa despide, paga una indemnización que funciona como desincentivo al despido arbitrario. Con el FAL, ese costo se diluye en aportes mensuales que provienen, en última instancia, de la masa salarial. Si el fondo no alcanza para pagar la indemnización completa, el empleador cubre la diferencia. Pero si alcanza, el empleador no paga nada adicional al despedir.
Es una privatización encubierta del sistema de despidos. Convierte la indemnización en un seguro donde el trabajador financia su propia desvinculación. - El «banco de horas»: jornadas elásticas sin compensación
La reforma habilita un sistema de «banco de horas» donde el empleador puede extender jornadas laborales en períodos de alta demanda y compensarlas con descansos en períodos de baja actividad. El mecanismo requiere «consentimiento» del trabajador.
Pero aquí aparece la primera gran trampa conceptual. Como señala el laboralista Héctor Recalde: «El trabajador puede no dar el consentimiento y, en ese caso, la opción que tiene es considerarse despedido y reclamar una indemnización, pero lo que suele pasar es que hay una aceptación de los cambios por parte del trabajador, sobre todo en contextos de suba del desempleo, porque la alternativa es perder el trabajo».
En otras palabras: el «consentimiento» no es libre cuando la alternativa es el hambre. Con una tasa de desempleo del 6,9% (tercer trimestre 2025) y 43,3% de informalidad, el poder de negociación de los trabajadores es nulo. Decir que pueden «elegir» es cinismo puro.
Además, la reforma establece que las horas extras trabajadas no se pagan con recargo sino que se acumulan como descanso compensatorio. ¿El resultado? Trabajadores que en períodos de alta demanda laboran 10 o 12 horas diarias sin cobrar un peso extra, con la promesa de que «después» podrán descansar. Pero en sectores de alta estacionalidad o crisis estructural, ese «después» nunca llega. - Convenios por empresa: fragmentar para debilitar
Hoy, la negociación colectiva funciona por actividad: todos los empleados de un sector (comercio, construcción, metalurgia) comparten el mismo convenio y piso de derechos. Esto da fuerza negociadora a los trabajadores y evita que empresas individuales impongan condiciones leoninas.
La reforma invierte esta lógica: el convenio firmado por una empresa prevalece sobre el convenio sectorial. ¿El efecto? Atomización de la negociación. Cada empresa negocia por separado, con trabajadores que tienen menos poder de presión. Los sindicatos pierden capacidad de acción colectiva. Las empresas pueden ofrecer condiciones más precarias empresa por empresa, rompiendo pisos comunes.
Es la vieja estrategia del divide y reinarás aplicada al derecho laboral. - Eliminar la ultraactividad: contratos sin piso
Hoy, cuando vence un convenio colectivo y no se firma uno nuevo, el anterior sigue vigente hasta que se logre un acuerdo (ultraactividad). Esto protege a los trabajadores de períodos prolongados sin marco normativo.
La reforma elimina la ultraactividad. Si vence el convenio y no hay acuerdo, los trabajadores quedan sin protección colectiva. ¿Quién tiene más incentivos para dilatar la negociación? El empleador. Mientras no se firme nuevo convenio, puede imponer condiciones unilaterales. - Limitar el derecho a huelga: criminalizar la protesta
El proyecto mantiene formalmente el derecho a huelga (no puede suprimirse porque es constitucional), pero endurece los requisitos procedimentales, establece límites específicos para su ejercicio, y define sanciones por «abusos» del derecho de huelga.
Considera «ilegítima» una huelga cuando no se agotaron instancias de conciliación o se afectan «servicios estratégicos». ¿El problema? Que la lista de servicios esenciales se amplía discrecionalmente. Prácticamente cualquier actividad puede declararse «estratégica» en un contexto de crisis. Los bloqueos a plantas, fábricas u oficinas serán penalizados.
Es una forma sutil de criminalizar la protesta laboral. La huelga se convierte en un derecho que solo puede ejercerse si no molesta a nadie. Es decir, deja de ser efectiva.
El contexto real: un mercado laboral en descomposición
Para entender la brutalidad de esta reforma, hay que mirar los datos del mercado laboral argentino en diciembre de 2025:
Informalidad galopante: 43,3% de los trabajadores están en la informalidad, el nivel más alto en años. Esto significa que 4 de cada 10 argentinos que trabajan lo hacen sin aportes jubilatorios, sin obra social, sin vacaciones pagas, sin protección alguna.
Creación de empleo informal: De los 238.000 nuevos ocupados en el último año, el 85% fueron trabajadores informales. El empleo formal creció apenas 0,3% (23.000 puestos) en los primeros ocho meses de 2025, pese a que la economía creció 5,2% en el mismo período. El monotributo (trabajadores independientes) creció 3,5%, incorporando 74.000 personas. Es decir: el «crecimiento económico» no genera empleo formal sino changas.
Salarios reales estancados: Pese a la narrativa oficial de «recuperación salarial», los datos muestran una realidad más compleja. Los trabajadores privados registrados finalizaron 2025 con un poder adquisitivo 1,5% inferior al de noviembre de 2023. Los empleados públicos nacionales cerraron con una pérdida del 33% respecto a ese mismo punto de referencia. El salario informal mejoró 13,5% (desde niveles muy bajos), pero el formal cayó 0,9%.
En perspectiva histórica, el salario informal cayó 35,4% respecto a 2017, el formal 25,3%, y las jubilaciones 40,9%. Incluso en dólares, el salario promedio que en junio de 2018 equivalía a USD 1.548, hoy ronda los USD 1.363 (mayo 2024).
Desempleo juvenil feminizado: 1 de cada 5 mujeres jóvenes busca trabajo y no lo consigue. La tasa de desempleo alcanza el 19% en mujeres jóvenes, frente al 15% en varones de la misma edad. La brecha salarial de género es del 29% en el empleo formal y del 32,7% en la informalidad.
Pobreza estructural: Pese a mejoras recientes (pobreza en torno al 27,5%-32,5% según las fuentes), Argentina mantiene un piso de 25-30% de pobreza que no perfora desde hace dos décadas, incluso en períodos de crecimiento. Si se quitaran los planes sociales, la pobreza llegaría al 42% y la indigencia al 14%.
Este es el contexto en el que Milei propone «modernizar» el mercado laboral. No es un mercado sano que necesita ajustes técnicos. Es un mercado en descomposición donde el empleo formal retrocede, la informalidad explota, y los salarios reales se estancan o caen.
¿Y la «solución» oficial? Facilitar el despido, precarizar las condiciones, fragmentar la negociación colectiva, y criminalizar la huelga.
La falacia del empleo: destruir derechos no crea trabajo
El argumento central del oficialismo es que reducir «costos laborales» generará más empleo formal. La lógica es simple: si es más barato contratar y despedir, las empresas contratarán más.
Esta afirmación es empíricamente falsa.
Los datos del propio gobierno lo demuestran. En noviembre de 2025, el Ministerio de Capital Humano admitió que «si bien durante los primeros ocho meses de 2025 la economía argentina creció un 5,2% respecto del mismo período de 2024, el número de trabajadores del sector privado creció apenas un 0,3%». Es decir: la economía creció 5,2%, el empleo formal 0,3%. Ratio de 17 a 1.
¿Por qué? Porque las empresas no contratan por la «rigidez laboral» sino por expectativas de demanda. Si no hay mercado, no hay contratación. Punto. Una PyME no contrata porque «abarataron el despido». Contrata porque tiene ventas, pedidos, proyección de crecimiento. Y en Argentina, más del 85% de las PyMEs que cierran lo hacen por caída de ventas, inflación, endeudamiento, y falta de crédito. No por juicios laborales.
El economista Santiago Bulat señaló que «la reforma laboral ya comenzó a hacerse de facto: el empleo independiente, registrado bajo la figura de monotributo, creció un 42% desde 2012; mientras que el empleo formal se incrementó un 3% y el empleo público, un 34%». En otras palabras: el mercado ya se «flexibilizó» solo, expulsando trabajadores al monotributo (informalidad disfrazada). ¿El resultado? No más empleo sino peor empleo.
La verdad incómoda es que destruir derechos laborales no genera empleo. Genera precarización. Convierte empleos formales en changas. Reemplaza el salario por la subsistencia.
El impacto de género: profundizar la desigualdad
La reforma laboral debe analizarse desde una perspectiva de género. En un país donde las tareas de cuidado —que aportan el 16% del PBI— siguen sin ser reconocidas como trabajo, esta propuesta no solo las invisibiliza sino que avanza en la reducción de licencias parentales, reforzando la idea de que quien trabaja fuera del hogar no puede ejercer plenamente derechos laborales.
Las mujeres y diversidades ya enfrentan condiciones laborales más precarias. La reforma profundiza esa vulnerabilidad, promoviendo mayor discriminación, informalidad e inseguridad. Históricamente relegadas a hacerse cargo del trabajo doméstico y de cuidado de manera desigual, una regresión en derechos laborales las aleja aún más del reconocimiento del trabajo de cuidados y de la posibilidad de acceder a salarios dignos y condiciones justas.
Con una tasa de desempleo del 19% en mujeres jóvenes (vs. 15% en varones), y brechas salariales del 29-32%, la reforma laboral no es neutra. Es estructuralmente discriminatoria.
La cuestión filosófica: el trabajo como mercancía
Hay una dimensión filosófica que el gobierno de Milei no quiere discutir: ¿qué es el trabajo?
Para la tradición liberal clásica que Milei invoca (Rothbard, Hayek, Mises), el trabajo es una mercancía más en el mercado. Oferta y demanda. Contratos libres. Maximización de utilidad. El trabajador vende su fuerza de trabajo al mejor postor. Si no le gusta el precio o las condiciones, que venda a otro. El mercado regula.
Pero esta visión ignora una verdad antropológica fundamental: el trabajo no es solo una transacción económica. Es la forma en que los seres humanos se reproducen material y socialmente, construyen identidad, se insertan en la comunidad. El trabajo es dignidad, proyecto de vida, lazo social.
Por eso, todas las constituciones democráticas del siglo XX —incluida la argentina— reconocen derechos laborales como derechos humanos. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el trabajo «en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes». No dice «será regulado por el mercado». Dice «gozará de la protección de las leyes». Protección. No indiferencia.
La reforma de Milei invierte esta lógica. Mercantiliza el trabajo hasta reducirlo a mercancía pura. El trabajador no es un ciudadano con derechos sino un oferente de servicios. La empresa no tiene obligaciones sociales sino solo contractuales. El Estado no protege: desregula.
Es una regresión al siglo XIX disfrazada de «modernidad». Es volver a un mundo donde el trabajador negocia solo, débil, contra el empleador fuerte. Donde la «libertad de contratar» es la libertad del zorro en el gallinero.
La pregunta que el gobierno no responde
Si esta reforma es tan beneficiosa para los trabajadores, ¿por qué la rechazan todos los sindicatos? ¿Por qué el 18 de diciembre de 2025 las principales centrales sindicales, organizaciones sociales, de Derechos Humanos y políticas se movilizaron masivamente a Plaza de Mayo para rechazarla? ¿Por qué amenazaron con huelga nacional?
¿Será que los trabajadores son todos estúpidos y no entienden lo que «les conviene»? ¿O será que entienden perfectamente que esta reforma no los beneficia sino que los precariza?
El gobierno responde con paternalismo autoritario: «los sindicatos defienden privilegios corporativos». Pero los sindicatos representan a 12,8 millones de trabajadores registrados. ¿Todos corporativos? ¿Todos privilegiados?
La verdad es más simple: los trabajadores saben que cuando el gobierno dice «modernización», significa precarización. Cuando dice «flexibilidad», significa vulnerabilidad. Cuando dice «libertad de elegir», significa elegir entre mala y peor.
Conclusión: la reforma que Argentina no necesita
Argentina tiene problemas laborales serios. Alta informalidad. Baja productividad. Salarios reales estancados. Litigiosidad creciente. Pero la reforma de Milei no resuelve ninguno de estos problemas. Por el contrario, los agrava.
Si el objetivo fuera realmente modernizar el mercado laboral, la agenda sería otra:
Fortalecer la inspección laboral para reducir trabajo en negro
Crear cuerpos médicos forenses independientes para reducir litigiosidad
Sancionar efectivamente a empresas que violan normas de seguridad
Reconocer el trabajo de cuidados e incorporarlo al sistema formal
Generar políticas activas de empleo con formación y reconversión
Expandir el crédito productivo para PyMEs que quieren contratar
Mejorar la productividad con inversión en infraestructura y educación
Nada de esto está en la reforma. Porque la reforma no busca resolver problemas laborales. Busca transferir poder. De los trabajadores a las empresas. Del Estado protector al mercado indiferente. De los derechos conquistados a la negociación individual.
Es un proyecto político disfrazado de reforma técnica. Y como todo proyecto político, debe ser juzgado por sus efectos reales, no por sus promesas.
Los efectos serán: más informalidad, peores salarios, jornadas más extensas, indemnizaciones más bajas, sindicatos más débiles, huelgas criminalizadas.
¿A quién beneficia? A las empresas que quieren contratar y despedir sin costos. A las ART que quieren pagar menos indemnizaciones. A un modelo económico que necesita trabajadores baratos, flexibles, vulnerables.
¿A quién perjudica? A los 12,8 millones de trabajadores registrados que verán erosionados sus derechos. A las mujeres que cargan con el trabajo de cuidados y ahora tendrán jornadas más elásticas sin compensación. A los jóvenes que ingresarán a un mercado laboral más precario. A los jubilados futuros cuyo sistema previsional se desfinancia con la rebaja de aportes.
En febrero de 2026, el Congreso argentino decidirá si aprueba esta reforma. Más allá de los números legislativos, lo que está en juego es una pregunta más profunda: ¿qué país queremos ser?
¿Un país donde el trabajo es una mercancía que se compra y se vende al mejor postor? ¿O un país donde el trabajo es un derecho protegido, una forma de dignidad, un lazo social?
La reforma de Milei elige el primer camino. Los trabajadores argentinos, si logran hacerse escuchar, elegirán el segundo.
El debate continúa. Pero conviene recordar que las reformas laborales no se juzgan por sus intenciones declaradas sino por sus efectos concretos. Y los efectos de esta reforma ya se conocen: en cada país donde se aplicaron recetas similares, el resultado fue el mismo. Más precarización, menos derechos, mayor desigualdad. No hay razón para pensar que en Argentina será diferente.
Lic. Faustino «Yiyo» Duarte