La situación social y política en la localidad de Gran Guardia ha alcanzado un punto de no retorno. Lo que inició como un reclamo legítimo por salarios adeudados se ha transformado en una exposición pública de autoritarismo, falta de empatía y una crisis institucional que salpica directamente a la gestión del Presidente de la Comisión de Fomento, Lázaro Caballero.
A través de un material sonoro de alto impacto al que tuvo acceso exclusivo Diario Formosa Exprés, se puede escuchar el calvario de los trabajadores que, además de no percibir sus haberes en tiempo y forma, deben enfrentar el ninguneo de quienes ostentan el poder local.
El rostro de la vulnerabilidad: Una trabajadora embarazada frente al muro oficial
El audio capturado refleja una escena desgarradora pero cargada de dignidad. Una empleada municipal, con un embarazo avanzado y a escasos días de entrar en trabajo de parto, se presentó en las oficinas de la Comisión para formalizar un aviso de manifestación. Lejos de encontrar una respuesta institucional o humana, se topó con una barrera de excusas administrativas y cuestionamientos personales por parte de una referente del organismo.
La funcionaria a cargo comenzó cuestionando la validez del reclamo por una mera cuestión horaria, intentando invalidar el derecho a la protesta: «Este no lo voy a recibir porque dice que iban a hacer la manifestación a las 6 y pasó esa hora y nadie se manifestó. Este sí la entraba… a las 6 dice el horario que se iban a manifestar… estamos a las 10:30 de la mañana». Ante esta chicana, la trabajadora, con la voz firme a pesar de su estado, recordó que la necesidad no tiene horario y que el derecho a peticionar sigue vigente durante toda la jornada.
La negación del derecho constitucional y el «miedo» como herramienta
Uno de los puntos más graves del intercambio es la negativa sistemática a recibir la documentación legal. La referente de la Comisión de Fomento intentó disuadir a la mujer de dejar constancia escrita, alegando que el reclamo formal no era necesario, en lo que parece ser un intento por evitar que queden pruebas del conflicto: «Si ustedes quieren hacer una manifestación lo pueden hacer. No hace falta que lo hagan por escrito».
La respuesta de la trabajadora fue un ejemplo de conciencia civil: «Sí, vamos a tener una constancia. Porque sí queremos tener una constancia». La tensión escaló cuando se mencionó que la nota también sería llevada a la policía para garantizar la seguridad de los manifestantes, a lo que la funcionaria respondió con ironía y desprecio.
Además, el audio revela el clima de persecución laboral que impera en Gran Guardia. La empleada denunció que muchos de sus compañeros no se atreven a firmar los reclamos por temor a perder su fuente de trabajo: «Esta nota no nos quisieron firmar porque dijeron: ‘No. Nosotros tenemos miedo porque nos van a echar. Ya nos dijeron’». Ante esta grave acusación de coacción, la funcionaria se limitó a responder: «Tu palabra contra la de ellos… no seamos criaturas».
¿Dónde está el dinero? La incertidumbre de la coparticipación
El núcleo de la crisis es el destino de los fondos públicos. Los empleados denuncian que se les adeuda gran parte de los sueldos y que los pagos llegan de manera parcial y arbitraria, como si fueran «dádivas» y no un derecho adquirido.
«Nosotros sí necesitamos cobrar… ¿Y el resto del personal por qué no pide su plata? ¿A nadie le podés obligar? ¿A una payasada? Reclamar un derecho», increpó la trabajadora. La respuesta oficial intentó desviar la responsabilidad hacia el Gobierno Provincial: «Tenga esa plata, el gobierno envía y van a cobrar».
Sin embargo, la sospecha de malversación o mala administración sobrevoló toda la conversación. La empleada fue contundente al exigir transparencia: «¿De dónde está esa plata que nos deben? ¿Qué hicieron con esa plata? ¿De dónde entra la coparticipación? El gobierno manda… pero cómo va a mandar para que alcance 45% de nuestro sueldo. Imposible». La indignación creció al señalar que, mientras los trabajadores de base sufren privaciones, la cúpula política parece no tener los mismos problemas: «Ustedes también cobraron la mitad… y más vale que vamos a cobrar si merecemos nuestro sueldo».
El reclamo por escrito: Un documento que las autoridades no quieren ver
El texto que la Comisión de Fomento se negó a recibir el martes 27 de enero de 2026 es un pedido de auxilio formalizado bajo las normativas vigentes. La nota, dirigida a Don Lázaro Caballero, especifica que la falta de pago «vulnera derechos laborales básicos y afecta gravemente la situación económica de los trabajadores y sus familias».
En sus párrafos más destacados, los empleados subrayan que la medida es un ejercicio del «derecho constitucional de petición, libre expresión y manifestación, con el objetivo de obtener una respuesta concreta y una solución inmediata». Pese a la claridad del documento, la gestión de Caballero ha optado por el silencio y el cierre de puertas, dejando a familias enteras a la deriva en un contexto inflacionario asfixiante.
Un pueblo que exige respuestas
La situación en Gran Guardia es insostenible. El audio filtrado no solo es una prueba de la falta de pago, sino del trato indigno hacia los trabajadores. «Yo lo que exijo es que se me pague lo que me debe, nada más», sentenció la empleada embarazada, resumiendo el sentir de una comunidad que ya no acepta excusas. Mientras el Presidente de la Comisión de Fomento mantenga el hermetismo, el conflicto promete profundizarse en las calles.