Gran Guardia, Formosa – La paz social en la localidad de Gran Guardia se ha visto severamente fracturada en las últimas semanas. Lo que se originó como un reclamo legítimo de trabajadores municipales por el cobro de haberes adeudados ha mutado en una grave denuncia por persecución laboral, acoso administrativo y desamparo gremial. Los empleados de la Comisión de Fomento señalan directamente a la gestión del Intendente Lázaro Caballero y a la estructura jerárquica municipal de ejecutar represalias sistemáticas contra quienes alzaron la voz.
El detonante: Familias bajo la línea de indigencia
La crisis comenzó a gestarse cuando el Ejecutivo municipal incumplió con el pago total de los salarios. Para muchos agentes de la comuna, el sueldo municipal es el único sostén económico del hogar. Tras agotar las instancias de diálogo informal y no obtener respuestas de las autoridades, los trabajadores iniciaron un plan de lucha.
Según denuncian, la falta de pagos es injustificada desde el punto de vista contable. Los trabajadores sostienen que el Gobierno Provincial cumple con la transferencia de fondos coparticipables en tiempo y forma. Incluso, señalan que «Gran Guardia estaría recibiendo más recursos de los que le corresponden por ley», lo que genera una interrogante alarmante: ¿Dónde está el dinero destinado al salario de los trabajadores? Ante esta duda, el intendente Caballero se habría limitado a alegar una supuesta falta de fondos para el funcionamiento cotidiano, argumento que los empleados califican de falaz.
Crónica de una jornada de protesta: Puertas cerradas y actas policiales
El punto de mayor tensión quedó registrado el pasado 28 de enero de 2026. Desde las 06:30 horas, un grupo de empleados, entre ellos maquinistas y personal de servicios, se concentraron frente a la Comisión de Fomento para exigir el pago del «55% del sueldo adeudado del mes de diciembre».
Sin embargo, en lugar de ser recibidos por una mesa de mediación, se encontraron con un candado institucional. Según consta en la exposición policial realizada por los trabajadores, la Secretaria de Hacienda, siguiendo una “orden directa del Presidente de la Comisión Señor Lázaro Caballero”, dispuso el cierre total del edificio municipal, incluyendo la biblioteca. Esta maniobra impidió que los agentes pudieran registrar su ingreso o cumplir con sus tareas habituales, una estrategia que los empleados interpretan como una trampa legal para luego acusarlos de inasistencia.
La figura de la persecución: El rol de Laura Rivero
Una vez que las medidas de fuerza obligaron al Ejecutivo a regularizar parte de los pagos, comenzó la «segunda fase» del conflicto: la represalia. Los trabajadores identifican a la Jefa de Personal, Laura Rivero, como la encargada de ejecutar un plan de acoso laboral contra los autoconvocados.
Las denuncias apuntan a cambios arbitrarios de funciones, amenazas de despido y la aplicación de sanciones sin el debido proceso. “Llevamos adelante esta lucha completamente solos”, relatan los operarios, subrayando el abandono que sufrieron por parte de los sindicatos municipales, quienes, según afirman, han guardado un silencio cómplice ante el avasallamiento de los derechos laborales.
Una de las trabajadoras más afectadas, Perla, expresó el sentir del grupo: “Esperamos que ahora, ante las amenazas y el acoso laboral que estamos sufriendo por parte de las autoridades, los gremios actúen como corresponde”.
Sanciones disciplinarias: ¿Un castigo por reclamar?
La prueba más fehaciente de la ofensiva oficial llegó en forma de cédula de notificación. La agente de Planta Permanente, Perla Elizabeth López, fue notificada de la apertura de medidas disciplinarias en su contra. El documento, firmado por la Dirección de Personal, le imputa un “abandono de trabajo” el mismo día en que el edificio municipal permaneció cerrado por orden del propio intendente.
El municipio pretende encuadrar la protesta bajo los «Artículo 33° inciso a) y Artículo 35° Inciso (b) del Régimen disciplinario vigente», una medida que los expertos legales consultados consideran nula, dado que el derecho a la huelga y el reclamo por salarios alimentarios tienen jerarquía constitucional.
Un llamado a la justicia y la transparencia
Los empleados municipales de Gran Guardia han advertido que no se dejarán amedrentar por las notas disciplinarias ni por el clima de hostilidad reinante. Han iniciado un proceso de visibilización que busca llegar a las autoridades provinciales y a la justicia laboral para que se dicte una medida de no innovar ante las persecuciones.
La comunidad de Gran Guardia observa con preocupación cómo la institución encargada de velar por el bienestar del pueblo se convierte, según las denuncias, en un escenario de autoritarismo. Los trabajadores concluyen con una exigencia clara: «el cese de las persecuciones, el respeto a sus derechos laborales y condiciones de trabajo dignas».