En una jornada marcada por la preocupación y la movilización de bases, los sectores sindicales y sociales de la provincia de Formosa han lanzado una advertencia tajante sobre el impacto que tendría el paquete de leyes impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. Lo que se presenta como una «modernización», es definido por los representantes de los trabajadores como un desmantelamiento sistemático de las protecciones legales que rigen el empleo en Argentina desde hace casi un siglo.
Nilda Patiño: «El patrón es quien decide, no el trabajador»
Nilda Beatriz Patiño, referente de la agremiación docente GDA, fue una de las voces más críticas al desmenuzar el discurso oficial que promete «libertad de negociación» entre las partes. Para la dirigente, esta simetría es inexistente en la realidad cotidiana de las escuelas y las fábricas.
“Ellos dicen que el trabajador se puede sentar con el empleador y decidir si quiere trabajar más. El que decide es el patrón: te dice ‘necesito que trabajes 12 horas’, y si decís que no, te dicen ‘andate, hay otro que quiere’.”
Patiño profundizó en la fundamentación histórica de la jornada laboral, señalando que la división del día en tres bloques —trabajo, descanso y ocio— no es un capricho, sino el resultado de décadas de estudios sobre la salud física y mental de quienes producen. “O sea, hay estudios que fundamentan esto y ellos dicen, ‘No, el trabajador se puede aceptar con el empleador y decide si quiere trabajar más.’ No es que decide, el patrón te dice, ‘Necesito que trabaje 12 horas y anda a decirle que no.’ Le va a decir, ‘Andate, ahí hay otro que quiere trabajar 12 horas’.”
El fin del derecho a huelga y la «trampa» de la esencialidad
Uno de los puntos que mayor rechazo genera es la ampliación de la figura de «servicio esencial» a sectores como la educación. Esta estrategia legislativa es vista como una herramienta para neutralizar la protesta social y administrativa.
“Hay gente que dice que al empleado estatal no le toca. Sí le toca, porque nos declaran servicio esencial a todos.”
La secretaria gremial explicó que, de aprobarse esta reforma, realizar una asamblea o un paro podría convertirse en un acto punible. “Si la educación es un servicio esencial, dicen que no podemos hacer paro, ni asambleas, ni reuniones en las escuelas.” Detalló además que la exigencia de garantizar una cobertura del 75% durante las medidas de fuerza anula de facto el derecho constitucional a la huelga: “Tenemos que garantizar que el 75% esté trabajando, entonces no hay paro. No se puede hacer asamblea, no puede hacer una unión en una escuela, porque voy a estar cometiendo un delito.”
Vacaciones Pagas: ¿Derecho nominal o realidad económica?
La dirigente también puso el foco en la desfinanciación indirecta de los derechos. Aunque la ley no elimine el concepto de vacaciones en el papel, las condiciones impuestas podrían hacerlas imposibles de gozar.
“Vacaciones pagas fue una conquista. Te dicen: ‘No te las saco’, pero ‘andate, yo no te pago’.”
Patiño hizo un llamado a la conciencia colectiva sobre el valor de lo heredado: “No podemos ser tan malos este en de derrochar eh porque hay que decirle a los compañeros que vacaciones pagas, por ejemplo, eh eh era importante que que se reconozca y que siga así. Hoy incluso hay algunos gremios que por convenciones tienen la vacaciones pagas y además le pagan un plus para que haga uso de las vacaciones con un poquito más de dinero. Todas estas conquistas son las que se van a perder.”
Un avance contra los recursos naturales y la educación pública
La movilización del 11 de febrero en Formosa no solo apunta a lo laboral. En la conferencia de prensa conjunta, se denunció que el paquete legislativo incluye una entrega de soberanía sin precedentes a través de la modificación de la Ley de Glaciares. Los dirigentes advirtieron que “vamos a vender el mayor volumen de agua dulce que tenemos del mundo”, en referencia a la apertura de zonas protegidas a la explotación minera intensiva.
Por otro lado, la denominada «Libertad Educativa» fue calificada como una “reforma educativa que implica que el Estado se corre su obligación de sostener las escuelas”. Esta retirada del financiamiento público obligaría a las instituciones a buscar recursos propios, profundizando la brecha de desigualdad y precarizando aún más la labor docente.
Convocatoria a la unidad: 11 de Febrero en Plaza San Martín
Las organizaciones sociales, políticas y gremiales de Formosa cerraron la conferencia con un llamado a la acción directa. La consigna es clara: «No al retroceso en derechos». Sostienen que esta reforma es un intento de regresión brutal hacia condiciones de vida que se creían superadas, eliminando indemnizaciones y protecciones mínimas.
«Nuestra respuesta debe ser la unidad, organización y lucha», sentenciaron los referentes, quienes además exigieron la presencia del Estado en los territorios afectados por incendios en la Patagonia y el cumplimiento del financiamiento para universidades y personas con discapacidad.
- Lugar: Plaza San Martín, Ciudad de Formosa.
- Hora: 09:00 horas (concentración).
- Recorrido: Marcha hacia la intersección de 25 de Mayo y Rivadavia para el acto central.
La invitación se extendió a todos los sectores: empleados privados, estatales, judiciales, profesionales de la salud y docentes, bajo la premisa de que lo que se discute en el Congreso afectará el futuro de cada mesa familiar en la provincia.