Venía por una avenida muy transitada habitualmente. Al llegar a un semáforo, donde desde los cuatro costados había muchos vehículos esperando su momento para pasar —motos y autos—, terminé de cruzar y, de repente, una lluvia de bocinazos.
Miro por el retrovisor: un auto avanzaba despacio, a paso de hombre. Evidentemente, ya había dado verde para la otra mano, donde había una cantidad considerable de motociclistas esperando para avanzar.
Pero lo que siguió fue una escena cada vez más habitual: personas en distintos vehículos alteradas, empujando con la rueda delantera —en motos— el paragolpes del auto, gritando, insultando, actuando como si tuvieran una autoridad que no tienen, como si la violencia fuera un recurso legítimo de la vida en sociedad.
Esa escena no es un hecho aislado. Forma parte de un clima social más amplio, donde se opina, se acusa, se condena y se sentencia sin pruebas, sin procesos y sin responsabilidades.
Frases livianas frente a hechos graves; consignas de “justicia por mano propia”; acusaciones públicas sin respaldo judicial; descalificaciones permanentes hacia instituciones, funcionarios, organizaciones o políticas públicas.
En muchos casos, parece valer más lo que circula en redes sociales o lo que se instala mediáticamente que la palabra de la Justicia, de los organismos competentes o de la ley misma.
Son algunos ejemplos —entre muchos otros— de conductas que se repiten a diario.
Personas comunes, de la actividad política, periodistas, comunicadores y comunicadoras, trabajadoras y trabajadores, militantes, ciudadanos y ciudadanas que, sin ser autoridad vial, policial o judicial, se sienten con derecho a increpar, insultar, difamar o agredir, confundiendo estas prácticas con la libertad de prensa y de expresión.
Y lo más preocupante: muchas veces, estos agresores creen que quien recibe la agresión tiene la obligación de soportarla en silencio sin reacción alguna, como si el maltrato fuera normal, como si el atropello formara parte natural de la convivencia.
No es así. Vivir en sociedad implica asumir responsabilidades: respetar normas básicas, aceptar reglas comunes, reconocer autoridades legítimas surgidas de la democracia.
La idea de que vivimos en un estado de “anomia”, como si no existieran leyes ni límites, es una falsedad peligrosa.
Las leyes existen. Las instituciones existen. Y son las que, con errores y aciertos, ordenan la vida colectiva y garantizan derechos.
El problema es que este clima no surge de la nada. Se construye. Se alimenta cuando ciertos discursos con fuerte amplificación pública instalan la idea de que todo está mal, que nada funciona, que las instituciones no valen y que la descalificación permanente es una forma válida de intervenir en la vida política y social.
Cuando desde espacios de alta visibilidad se banaliza el insulto, se desacredita de manera sistemática al Estado y se promueve la confrontación como método, ese mensaje no queda en el plano discursivo: baja, se reproduce y se naturaliza en la vida cotidiana.
A ese clima se suman actores locales que, en lugar de aportar soluciones o debates responsables, replican ese sentido común negativo y lo trasladan a la calle, al tránsito, al barrio y a las relaciones entre vecinos.
No se trata de si los robots humanoides van a reemplazar o no a las personas en su trabajo, ni de a dónde viajan dirigentes o exfuncionarios, ni de la vida personal de nadie.
Lo verdaderamente preocupante es qué nos pasa como sociedad cuando cualquier hecho —una decisión de gestión, una innovación tecnológica o una situación cotidiana— se convierte rápidamente en excusa para el escrache, la sospecha permanente y la denuncia sin pruebas.
Ahí el debate deja de ser serio y pasa a formar parte del mismo clima de hostilidad que después decimos cuestionar. Ahí se revela con claridad el daño que produce una forma irresponsable de intervenir en lo público.
Así, la violencia verbal se vuelve costumbre, el atropello parece justificado y el “todo vale” se presenta como una supuesta rebeldía, cuando en realidad termina siendo funcional al deterioro de la convivencia social.
Cuando se desconoce deliberadamente el valor de la norma, se desacreditan las reglas comunes y se legitima el agravio permanente, el daño no queda en el plano discursivo: se expresa en la calle, en el tránsito, en el barrio, en la escuela y en los vínculos cotidianos, donde la desconfianza y el enojo reemplazan al respeto y al diálogo.
Tal vez haya llegado el momento de bajar un cambio. De entender que la política, la comunicación y la vida social no pueden seguir transitándose desde la adrenalina permanente, la sospecha constante y el enojo como identidad.
Asumir responsabilidades de gestión, militar, opinar o informar exige templanza, seriedad y un compromiso real con la verdad y con las consecuencias de lo que se dice y de lo que se hace.
Respetar las instituciones, las leyes y las autoridades democráticamente constituidas no es resignación ni obediencia ciega: es la base mínima para que una sociedad pueda convivir, debatir y resolver sus conflictos sin destruirse a sí misma.
Ese llamado no es solo para quienes ocupan cargos o tienen micrófonos. Es para todos y todas. Para la dirigencia política, pero también para la ciudadanía en general.
Recuperar la calma, la seriedad y el respeto no es retroceder: es madurar como comunidad.
Frenar a tiempo, cuidar la palabra y asumir responsabilidades también es una forma —tal vez la más necesaria hoy— de hacer política y de convivir socialmente.
La paz social es responsabilidad de todas y todos; se construye todos los días con actos concretos de respeto, cuidado y compromiso con los demás.
J. R. Lezcano
Nuevo Encuentro Formosa