La Red de Infancia Robada – Foro Formosa convocó a una conferencia de prensa para pronunciarse sobre dos situaciones que, aunque diferentes en sus hechos, considera atravesadas por un mismo eje: la vulneración de derechos humanos y la preocupación por la impunidad en la provincia.
Repudio por los
hechos en el Instituto
Provincial de la Vivienda
En primer lugar, la organización se refirió a lo ocurrido el lunes 9 en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), donde un grupo de mujeres y familias reclamó la adjudicación de viviendas ya construidas con fondos públicos.
Desde la Red señalaron que no se trata de personas que exigen privilegios, sino de familias que reclaman acceder a casas terminadas y listas para habitar, que actualmente permanecen vacías y —según afirmaron— se deterioran mientras el Estado afronta gastos de mantenimiento y reparaciones.
“Estamos frente a madres que buscan criar a sus hijos bajo un techo digno, dispuestas a asumir sus responsabilidades, pagar cuotas y firmar los compromisos correspondientes”, expresaron.
La entidad repudió lo que calificó como un “despliegue de violencia institucional desproporcionada” contra personas en situación de vulnerabilidad. Denunciaron que durante el reclamo se habría impedido el ingreso de agua y alimentos a quienes permanecían dentro del edificio, en una jornada con temperaturas superiores a los 40 grados. También afirmaron que se apagaron deliberadamente los aires acondicionados, se restringió el acceso al patio y se impidió el uso de sanitarios, incluso a niños, tras más de 15 horas en el lugar.
“Negar agua, comida o acceso a baños, especialmente cuando hay niños, constituye una grave vulneración de derechos”, remarcaron.
Asimismo, cuestionaron al administrador del IPV, Marcelo Uguelli, por no haber asumido —según indicaron— la responsabilidad institucional de dialogar con las mujeres y, en cambio, “construir un relato de presuntos delitos que no existieron para justificar el despliegue judicial y policial”.
La organización recordó que el derecho a la vivienda digna, a la integridad, a la alimentación y al trato digno están reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional. En ese marco, exigieron la inmediata entrega de todas las viviendas terminadas a las personas que se encuentren en condiciones de acceder a ellas.
El caso Xiomara y
cuestionamientos
a la Justicia
En segundo término, la Red vinculó estos hechos con lo que describió como un “hilo conductor” de impunidad en la provincia, al referirse al caso de Xiomara, la adolescente asesinada en Formosa.
Actualmente permanecen detenidos Joaquín Torres y Carlos Aguilar —uno de ellos menor de edad— desde hace casi tres meses. Según expuso la organización, existiría en el expediente un informe pericial de ADN remitido por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), suscripto por la Dra. Zimerman e incorporado el 5 de enero, que habría detectado perfiles genéticos de dos masculinos distintos que no coincidirían con los imputados.
Ante esta situación, la Red exigió explicaciones al juez de la causa, el Dr. Picabea, sobre el estado del proceso y los motivos por los cuales —según plantearon— se mantendría la detención pese a la existencia de pruebas científicas que podrían modificar el rumbo de la investigación.
“El derecho a la verdad y a la justicia para Xiomara y para la sociedad es irrenunciable. Pero justicia no es sostener detenciones sin pruebas”, señalaron.
También recordaron que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que la privación de libertad de un menor debe ser excepcional y por el plazo más breve posible, y advirtieron que mantener detenido a un adolescente sin claridad sobre la valoración de pruebas científicas comprometería garantías constitucionales básicas.
“El silencio no
es una opción”
Desde la Red de Infancia Robada reafirmaron su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos y la lucha por la verdad y la justicia. “Frente a una vulneración de derechos, el silencio no es una opción”, manifestaron.
Finalmente, aseguraron que no buscan acusar sino exigir transparencia institucional y respuestas claras, tanto en materia de políticas habitacionales como en el accionar judicial. “Sentimos que la causa camina hacia la impunidad”, concluyeron.