En lo que representa uno de los desafíos legales más significativos de los últimos años contra el modelo de gestión educativa en la provincia, el Dr. Kurt Ottosen, reconocido especialista en derecho, y la referente política Gabriela Neme, han interpuesto una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal. La demanda apunta directamente contra la Provincia de Formosa y su Ministerio de Cultura y Educación, exigiendo el cese inmediato de lo que califican como una maquinaria de «adoctrinamiento político-partidario» que utiliza a menores de edad como audiencia cautiva.
El fundamento jurídico: La neutralidad escolar bajo la lupa
La presentación judicial, radicada en el Fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, no es un simple reclamo administrativo. Se trata de un planteo de inconstitucionalidad sobre la metodología de los actos escolares. El Dr. Ottosen sostiene que el uso de establecimientos públicos para ensalzar la figura de autoridades gubernamentales quebranta el principio de neutralidad que debe regir en el Estado.
Según el escrito, la exposición de niños a discursos de corte proselitista vulnera la libertad de conciencia, un derecho humano fundamental protegido por tratados internacionales. La demanda argumenta que el sistema educativo debe ser un «ámbito plural, libre de presiones ideológicas y respetuoso de la libertad de pensamiento de los estudiantes», algo que, según los denunciantes, hoy es inexistente en el territorio formoseño.
Los hechos: El detonante del conflicto
El amparo se nutre de pruebas recolectadas en diversos establecimientos, pero hace foco en un evento reciente ocurrido en una escuela primaria de Formosa Capital. En dicha oportunidad, el gobernador Gildo Insfrán protagonizó una actividad donde los alumnos fueron instados a participar de un relato centrado exclusivamente en las obras y acciones de su gestión de gobierno.
Para los demandantes, este tipo de actos transforma la pedagogía en propaganda. Ottosen explicó que el planteo tiene un sustento legal sólido basado en:
- La Constitución Nacional: Que garantiza la libertad de culto y pensamiento.
- La Convención sobre los Derechos del Niño: Que protege al menor contra toda forma de manipulación o injerencia arbitraria.
- La Ley de Educación Nacional: Que establece que el sistema educativo no puede ser utilizado para fines políticos sectarios.
La postura de Gabriela Neme: «No son instrumentos de poder»
Por su parte, la ex diputada provincial Gabriela Neme ha sido la voz política más contundente tras esta presentación. Neme subrayó que la crisis educativa no es solo de infraestructura o salarios, sino de valores democráticos. La dirigente sostiene que el gobierno provincial ha borrado la línea entre el Estado y el partido político, utilizando las aulas como centros de fidelización ideológica.
Neme fue tajante al definir el objetivo de la escuela pública: “La escuela tiene que formar ciudadanos libres, no ser utilizada para construir poder político”. Según su visión, el actual sistema busca la sumisión en lugar del pensamiento crítico, algo que este amparo pretende revertir mediante una orden judicial que prohíba de forma taxativa la realización de actos proselitistas dentro de los colegios.
Implicancias y próximos pasos
El expediente busca sentar un precedente histórico que obligue a las autoridades educativas a retirar cualquier simbología o discurso partidario de los programas escolares. De obtener un fallo favorable, la Justicia Federal podría emitir una medida cautelar que restrinja la presencia del gobernador o funcionarios en actos donde se utilicen recursos públicos para la exaltación de la gestión partidaria frente a menores de edad.
La sociedad civil y los gremios docentes independientes siguen de cerca este proceso, que pone en debate si la educación debe ser un espacio de formación democrática o si puede seguir funcionando como un instrumento de propaganda política.