La crisis que atraviesa el sector público municipal en la provincia de Formosa ha sumado un nuevo y escandaloso capítulo en Misión Laishí. Lo que comenzó como una denuncia por cesantías injustificadas se ha transformado en una radiografía cruda de la precariedad laboral, la interna política oficialista y un sistema de coparticipación que, según los gremios, condena a los trabajadores al borde de la indigencia.
En una extensa entrevista concedida al programa «Algo Está Pasando», conducido por Fernando López y Daniel Moreira Viera, el secretario gremial de ATE Formosa, Fabian Sinsig, desnudó los mecanismos de persecución y desfinanciación que imperan en el interior provincial.
Misión Laishí: El epicentro de la arbitrariedad
El conflicto en el Concejo Deliberante de Misión Laishí escaló rápidamente. Según Sinsig, la cifra de trabajadores desplazados de sus funciones ya no es de siete, sino que asciende a una docena. Lo más grave, advierte el referente de ATE, es que se trata de personal con estabilidad laboral adquirida.
«En el caso de Laishí, estamos hablando de compañeros y compañeras que eran ya de planta permanente… que desde el mes de diciembre, el nuevo presidente de apellido Apoñuk, que es el propietario de la estación de servicio de aquí y proveedor del estado municipal de Laishí, echó a estos trabajadores que hoy nos enteramos que ya van, ya son 12 los echados», sentenció Sinsig.
La descripción del perfil del nuevo presidente del cuerpo deliberativo no es menor: un empresario local y proveedor del Estado que, a ojos del gremio, confunde la administración pública con la gestión de su propio patrimonio. «No puedes actuar como patrón de estancia… sos un simple administrador, no sos jefe de nadie… sos jefe político, pero no puedes actuar como un empleado privado», disparó el dirigente, subrayando que incluso en el sector privado existen leyes que impiden tal nivel de discrecionalidad.
«Internas Mezquinas»: El trabajador como «Cuello de Botella»
Un punto que llamó la atención de los conductores fue la paradójica situación política de los despedidos. Lejos de ser una persecución hacia la oposición, se trata de una purga dentro del mismo arco político que gobierna la provincia.
Para Sinsig, no existen dudas: «Se trata de una suerte de interna política absolutamente mezquina, absolutamente mendaz… porque juegan con los derechos de los trabajadores que son el cuello de botella en este tipo de situaciones». La frase «José más Moncho igual a Milei», que apareció en pancartas durante las protestas, refleja el hartazgo de los empleados ante un modelo que, a nivel local, replica las políticas de ajuste que el gobierno provincial critica a nivel nacional.
«Los compañeros se identifican antes que nada como trabajadores… si llegaron a ese lugar de la mano de algún concejal, se trata del mismo espacio político en el que militan todos los concejales, el intendente y el gobierno provincial», aclaró, dejando en evidencia que la lealtad partidaria no garantiza la estabilidad laboral cuando los intereses de los «caudillos» locales entran en conflicto.
La trampa de la Coparticipación: 90 para la Provincia, 10 para los Pueblos
El análisis de ATE fue más allá del conflicto puntual y apuntó al corazón del problema económico: la Ley de Coparticipación Provincial. Sinsig denunció una distribución que calificó de «calamitosa» y que explica por qué un empleado municipal en Formosa percibe haberes que rozan los 300.000 o 400.000 pesos, montos que resultan irrisorios frente a la inflación actual.
- Distribución Federal: De cada 100 pesos que ingresan por coparticipación federal, la provincia retiene el 90%.
- Reparto Municipal: Solo el 10% se distribuye entre los 37 municipios de la provincia.
- El Fondo «Anticíclico»: Aunque la ley menciona un 12%, Sinsig denunció que un 2% queda bajo manejo discrecional del Poder Ejecutivo como un fondo para «ayudar» a intendentes amigos.
- Poder Ejecutivo vs. Deliberativo: De ese magro 10%, el 20% debe ser transferido a los Concejos Deliberantes, dejando a los intendentes con apenas un 8% del total para gestionar servicios y salarios.
«Un montonazo de plata y los 37 intendentes se las tienen que arreglar con las migajas que eso significa… los intendentes del interior reciben muy poquita plata, es una situación realmente calamitosa», explicó el gremialista.
El silencio
La nota periodística cerró con una reflexión amarga sobre la falta de canales institucionales para resolver estos conflictos. Sinsig recordó que ATE presentó proyectos para elevar la coparticipación al 18% o crear un fondo compensador de salarios, pero «la legislatura no nos atendió, los legisladores oficialistas no nos dieron bola».
Este vacío legal y político genera un sistema de servidumbre laboral donde, según Sinsig, «quién chupa más la media es el que garantiza su trabajo… quién cuida la suela de sus zapatos y anda de rodillas para no fundir la sobre sus zapatos, es el que seguramente va a tener el privilegio de cuidar su sueldito».
La editorial final de los conductores de FM VLU no fue menos ácida, cuestionando el rol de otros gremios como el SITRAMP de «Coqui» Zarza y la llamativa ceguera del Defensor del Pueblo ante el estado de las rutas provinciales 9 y 3: «Capaz no circula por ahí el defensor… a lo mejor solamente usa rutas nacionales y no conoce las rutas provinciales».