En un clima de creciente tensión para el sector agropecuario del norte del país, la conducción nacional de la Federación Agraria Argentina (FAA) lanzó una dura advertencia institucional tras denunciar episodios de persecución y vigilancia estatal en territorio formoseño. El Consejo Directivo Central (CDC) de la entidad, bajo la conducción de su presidenta Andrea Sarnari, se pronunció de manera tajante ante lo que consideran un retroceso en las garantías democráticas básicas.
Vigilancia en propiedad privada
El conflicto se originó durante una gira gremial que las autoridades de la FAA realizaban por el interior de Formosa. Según el comunicado oficial emitido tras una reunión de urgencia en Rosario, los hechos ocurrieron en un ámbito estrictamente privado, lo que agrava la calificación del incidente.
«El Consejo Directivo Central (CDC) de la Federación Agraria Argentina, reunido en Rosario, expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante los hechos ocurridos en la provincia de Formosa durante una reciente gira gremial de sus autoridades.»
De acuerdo con el relato de los presentes, mientras se desarrollaba una reunión de trabajo entre dirigentes y pequeños productores, efectivos de la policía provincial irrumpieron en las inmediaciones del lugar para realizar averiguaciones que los federados calificaron de injustificadas.
Un método que preocupa: «Amedrentamiento»
La entidad detalló que el accionar policial no se limitó a una presencia preventiva, sino que incluyó interrogatorios directos sobre la naturaleza de la reunión gremial.
«En el marco de una reunión privada realizada en la chacra de un productor, efectivos policiales se presentaron para interrogar a los asistentes sobre el motivo del encuentro, en una situación que constituye un claro acto de amedrentamiento hacia dirigentes federados en pleno ejercicio de su actividad gremial.»
Para la conducción de la FAA, este tipo de operativos no son hechos aislados, sino que forman parte de una dinámica de control sobre el pensamiento crítico y la organización social en la provincia gobernada por Gildo Insfrán.
Vulneración de garantías constitucionales
La respuesta del gremio rural no solo se centró en el malestar sectorial, sino que escaló al plano institucional y democrático. El CDC subrayó que este tipo de prácticas son incompatibles con el estado de derecho vigente en la Argentina.
«Desde la entidad se advierte que este tipo de acciones resultan contrarias a la vida democrática y remiten a prácticas que vulneran derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución Nacional.»
La comparación con épocas oscuras de la historia argentina o con regímenes autoritarios quedó implícita en la advertencia de la entidad, que llamó a la sociedad civil a estar alerta ante la restricción de libertades individuales en nombre de la seguridad pública.
Exigencia de cese de hostigamiento
Finalmente, el comunicado firmado por el cuerpo directivo de la FAA cierra con un pliego de condiciones para normalizar la relación con las autoridades provinciales y garantizar la seguridad de sus representantes.
«Por ello, el CDC acompaña a los federados formoseños; exige el inmediato cese de cualquier forma de hostigamiento hacia los dirigentes y productores, y reclama el pleno respeto a la libertad de reunión, expresión y organización, pilares fundamentales de nuestro sistema democrático.»
A pesar de los incidentes, la Federación Agraria ratificó que no cesará en sus recorridas por las economías regionales. «La Federación Agraria Argentina reafirma su compromiso con la defensa de los productores y continuará desarrollando su labor gremial con responsabilidad y firmeza en todo el país», concluye el documento, dejando en claro que la agenda gremial en el norte argentino seguirá adelante a pesar de la presión policial.