La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos revocó este miércoles el fallo de primera instancia que condenaba a la Argentina a abonar una indemnización multimillonaria a accionistas de YPF. La medida anula una sentencia previa de la jueza federal Loretta Preska y representa un giro sustancial en el litigio internacional que se arrastra desde la reestatización de la petrolera en 2012.
Un giro inesperado en el litigio
El tribunal superior consideró que la ley bajo la cual se realizó la demanda no era aplicable en este caso, invalidando así la base de la condena por unos 16.000 millones de dólares. El expediente regresará ahora a la jueza Preska, quien deberá determinar los pasos a seguir, pudiendo incluso evaluar la posibilidad de que la causa continúe su trámite en jurisdicción argentina.
Si bien el fallo de la Cámara no pone un punto final definitivo al proceso, ya que las partes tienen la opción de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, los analistas jurídicos consideran baja la probabilidad de que el máximo tribunal acepte revisar el caso. Esta instancia también abre la puerta a que el litigio pueda ser derivado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Reacciones del gobierno y de YPF
El presidente Javier Milei celebró la decisión a través de sus redes sociales, calificándola de «histórica» e «impensada». En su mensaje, el mandatario afirmó que el resultado representa «el mejor escenario posible» y elimina la obligación de afrontar un pago que, con intereses, se estimaba en torno a los 18.000 millones de dólares.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a los festejos y destacó la labor del equipo legal de la Procuración del Tesoro, que llevó la defensa del país. Horacio Marín, presidente de YPF, también se expresó en la misma línea, señalando que el fallo es «un capítulo muy importante» que le permite a la empresa continuar con su plan estratégico de inversiones y crecimiento.
Origen del conflicto
El litigio se originó tras la decisión del gobierno argentino, en 2012, de expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos del grupo español Repsol. Accionistas minoritarios demandaron luego al Estado argentino, argumentando que no se les había realizado una oferta pública de compra por el resto de las acciones, tal como establecían los estatutos de la compañía.
La jueza Preska había fallado a favor de los demandantes en una instancia anterior, estableciendo la millonaria indemnización. La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones modifica radicalmente ese panorama, al considerar que el estatuto de una empresa privada no puede estar por encima de una ley sancionada por el Congreso de la Nación, como fue la ley de expropiación.