Con el dictamen obtenido en comisión, el bloque oficialista presentó un pedido formal para sesionar este miércoles en la Cámara de Diputados, buscando la sanción definitiva del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.
Con la certeza de haber logrado el dictamen en la reunión plenaria de comisiones de este martes, el oficialismo elevó un pedido formal para sesionar este miércoles 8 de abril a las 15 horas, con el objetivo de tratar la modificación a la Ley de Glaciares. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado desde el pasado 26 de febrero.
El petitorio presentado cuenta con las firmas de varios bloques, entre ellos el Pro, la Unión Cívica Radical, y representantes peronistas de distintas provincias. Según las fuentes, esta base de apoyos deja al oficialismo muy cerca de alcanzar el quórum necesario para la sesión.
El proyecto de ley, que modifica la Ley 26.639, redefine su objeto de protección para centrarse en los glaciares y geoformas del ambiente periglacial «que cumplan funciones hídricas», ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. Además, incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la norma al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales.
La iniciativa, redactada por el Consejo de Mayo, propone la incorporación del principio precautorio. Esto significa que todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente de cada provincia verifique que carece de funciones hídricas. Dicha información deberá ser transmitida al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para actualizar el inventario.
Entre los cambios, se establece que el régimen de prohibiciones (que incluye la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y obras que alteren la condición natural) se aplicará únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Las provincias tendrán la facultad de determinar, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, no puede autorizarse.
Se exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en estas zonas, exceptuando únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas. Por último, el proyecto redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias.