El Defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, solicitó a las autoridades legislativas nacionales avanzar con una iniciativa que busca reestructurar deudas de consumo y evitar una profundización de la crisis social.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa elevó un pedido formal al Congreso de la Nación para que se trate y apruebe un proyecto de ley destinado a contener la creciente crisis de endeudamiento que afecta a millones de argentinos. La iniciativa, denominada “Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados” —también conocida como “Plataforma DesendeudAR – Segunda Oportunidad Familiar”— fue presentada en la Cámara de Diputados en abril de este año, en un contexto de altos niveles de morosidad.
El pedido fue dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a los titulares de las comisiones de Defensa del Consumidor, Hugo Yasky, y de Economía, Julia Strada; así como a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, junto a las comisiones vinculadas a economía e inversión y a las pymes.
El defensor del Pueblo provincial, José Leonardo Gialluca, explicó que el proyecto propone la creación de un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal destinado a reestructurar pasivos de consumo —como tarjetas de crédito, préstamos personales y de plataformas fintech— mediante un procedimiento administrativo, gratuito y ágil, con intervención del Estado como mediador.
Entre los principales puntos, la iniciativa establece límites en las cuotas —entre el 30% y el 33% de los ingresos familiares—, planes de pago sostenibles y la eliminación de intereses por mora. El beneficio alcanzaría exclusivamente a personas físicas que no logran afrontar sus deudas en un escenario de caída de ingresos.
“El aumento de la morosidad no es solo un indicador financiero, sino también una señal de tensión social”, advirtió Gialluca, al señalar que el endeudamiento de los hogares se consolidó como uno de los principales termómetros de la economía real.
Según datos recientes, la morosidad en tarjetas de crédito alcanzó en 2026 niveles récord en más de dos décadas, encendiendo alertas tanto en entidades financieras como en el propio Congreso. Se estima que cerca de cinco millones de argentinos enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. La problemática impacta con mayor fuerza en los sectores más vulnerables: alcanza al 40% de los jóvenes y se ha cuadruplicado entre los jubilados.
Las consecuencias incluyen la acumulación de intereses punitorios, calificaciones negativas en centrales de riesgo y la posibilidad de acciones judiciales como embargos.
Durante la pandemia, medidas del Banco Central —como la refinanciación automática de saldos y la extensión de plazos— lograron contener la morosidad, que llegó al 7% en 2020 y luego descendió al 3,2% en los hogares. Sin embargo, la situación actual es diferente: el endeudamiento acumulado desde 2024, junto con menores efectos de licuación inflacionaria y tasas de interés elevadas, presiona sobre la capacidad de pago de las familias.
En este escenario, el crédito vuelve a posicionarse como un factor de riesgo sistémico, mientras la recuperación económica aún no logra compensar el creciente peso de las obligaciones financieras. La iniciativa legislativa busca, en ese marco, ofrecer una herramienta concreta para aliviar la situación y evitar una profundización de la crisis social.