La Cámara Federal de Resistencia dictó una medida precautelar que paraliza parte de la agenda del Rectorado de la Universidad Nacional de Formosa, a raíz de una presentación de tres decanos suspendidos.
En un escenario de creciente tensión institucional, la Cámara Federal de Resistencia dictó una resolución de extrema urgencia que paraliza parte de la agenda del Rectorado de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF). El fallo, emitido este jueves 7 de mayo, surge como una respuesta inmediata para evitar que se consume lo que los demandantes describen como una estrategia política para validar suspensiones cuestionadas judicialmente.
La presentación que motivó la intervención de la Alzada fue realizada por los Sres. Carlos Aníbal Martínez, María Rosa Sanabria y Alfredo Rafael Olmedo. En su condición de Decanos de sus respectivas unidades académicas, los accionantes interpusieron un recurso directo bajo la Ley de Educación Superior N° 24.521. El núcleo del reclamo busca que la justicia declare la «nulidad absoluta e insanable de la Sesión Extraordinaria del Consejo Superior que fuera convocada por Resolución N° 460/26». En dicha sesión, se dispuso la suspensión de los tres decanos como integrantes del cuerpo colegiado, una medida que los afectados consideran ilegal y arbitraria.
Además de la nulidad, los profesionales exigen su «inmediata reincorporación al Consejo Superior» y solicitaron una medida cautelar innovativa para ser restituidos mientras el proceso principal sigue su curso. La premura del fallo judicial se explica por la convocatoria a una nueva sesión extraordinaria para el día de mañana, viernes 8 de mayo, a las 08:30 hs. Los decanos advirtieron al tribunal que el orden del día, establecido por la Resolución Rectoral N° 0559/26, incluía el tratamiento y aprobación de actas que guardan vinculación directa con los actos impugnados en la causa.
Según el escrito de los demandantes, esta convocatoria no era más que una «maniobra tendiente a tornar abstracta la cuestión debatida o consolidar situaciones jurídicas irregulares mediante decisiones posteriores del propio órgano cuestionado». Entendieron que, de permitirse la sesión, la Universidad avanzaría en una «convalidación institucional y administrativa de actos cuya legalidad se encuentra actualmente sometida a revisión judicial».
El tribunal, compuesto por los magistrados Patricia Beatriz García, Rocío Alcalá y Enrique Jorge Bosch, decidió aplicar una medida interina o «precautelar». Este tipo de disposiciones se dictan «sólo cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran», extendiendo su eficacia hasta que la Universidad presente los informes requeridos por la ley de medidas cautelares. Los jueces fueron contundentes al señalar que la suspensión solicitada es razonable para «evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad de la sentencia definitiva».
Asimismo, resaltaron que la inminencia de la sesión y la actual exclusión de los actores del Consejo Superior les impediría «participar en el tratamiento de cuestiones que —insistimos— refieren a actos cuya nulidad es pretendida en la presente acción». El tribunal enfatizó que este fallo no implica un adelanto de opinión sobre el fondo del asunto, sino que garantiza la «tutela judicial efectiva». Según los camaristas, una solución distinta podría desnaturalizar la protección judicial ante hechos que «repercuten negativamente en el manejo del gobierno universitario».
Dada la cercanía del evento convocado para mañana, la Secretaría Civil N° 1 de la Cámara Federal resolvió comunicar esta decisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y diferir la imposición de costas para cuando concluya el proceso principal. Con esta orden, el Rectorado queda legalmente impedido de avanzar mañana en cualquier decisión que pretenda blindar o ratificar la polémica suspensión de los decanos opositores.