En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, la diputada provincial Cristina Mirassou destacó la importancia de defender los derechos de las mujeres y personas gestantes frente a posibles políticas de ajuste.
Del 15 al 21 de mayo se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado, una iniciativa para generar conciencia sobre la violencia obstétrica y promover un trato humanizado durante el embarazo y el parto. En este contexto, la diputada provincial Cristina Mirassou, reconocida profesional de la salud pública de Formosa, se refirió al lema de 2026: “Parir con voz, parir con orgullo”.
Mirassou explicó que esta temática busca empoderar a las personas gestantes para que expresen sus necesidades y deseos durante el proceso de parto, defendiendo su autonomía y dignidad. “Se refuerza la necesidad de respetar los tiempos fisiológicos y evitar la violencia obstétrica”, señaló.
La legisladora recordó que la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado, vigente desde 2004, establece el derecho de las mujeres a un trato digno, a no ser maltratadas, a recibir atención sanitaria de calidad, a estar acompañadas durante todo el proceso y a decidir sobre las intervenciones con información completa. “Esta ley lleva ya 22 años en vigencia y su práctica se ha ido instalando gradualmente, no sin resistencias, desestimando prácticas arraigadas como la episiotomía profiláctica, el rasurado genital, la enema o la dilatación forzada del cuello”, detalló.
También mencionó que antes de esta ley, las mujeres del pueblo originario wichí ya aplicaban cuidados humanistas y dignos durante los partos, con acompañamiento de parteras tradicionales, sin maniobras invasivas y con un trato respetuoso hacia la placenta. “Estas prácticas fueron incorporadas por profesionales que trabajaron en comunidades wichí, facilitando la accesibilidad al parto hospitalario y los controles de embarazo”, agregó.
En este contexto, Mirassou consideró importante reafirmar durante esta semana el abordaje holístico e integral del parto, con valores humanistas, éticos y científicos, en resguardo de los derechos adquiridos por las mujeres, ante el riesgo de políticas nacionales que buscan reducir gastos y disciplinar a la sociedad.