El juez federal Pablo Morán aclaró que el procesamiento sin prisión preventiva contra el rector suspendido de la Universidad Nacional de Formosa, Augusto Parmetler, y su esposa Zully Rivero, responde a responsabilidades individuales y no afecta la autonomía universitaria.
El juez federal N° 1 de Formosa, doctor Pablo Morán, brindó precisiones sobre el procesamiento sin prisión preventiva dispuesto contra el rector suspendido de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto Parmetler, y su esposa, Zully Rivero, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en un nombramiento dentro de la casa de altos estudios.
El magistrado fue enfático al diferenciar la responsabilidad penal individual de los imputados del funcionamiento institucional de la universidad, y sostuvo que el expediente judicial no implica una intervención ni cuestionamiento sobre la autonomía universitaria.
“Es una causa en concreto contra una persona, en este caso el profesor Parmetler. No es una medida contra la institución universitaria, ni pretendemos inmiscuirnos en la autonomía ni en la vida interna de las Universidades”, remarcó Morán al referirse al alcance de la resolución judicial.
La investigación
La causa se originó a partir de una denuncia impulsada por la Fiscalía Federal, luego de detectarse una presunta irregularidad administrativa vinculada al ingreso de personal en la Universidad. De acuerdo con lo incorporado al expediente, el hecho investigado se remonta al 28 de julio de 2020, cuando Parmetler, en ejercicio de sus funciones como máxima autoridad de la UNaF, habría dispuesto de manera directa el ingreso de su esposa a la planta permanente del personal no docente.
Según la acusación, Rivero fue incorporada al Agrupamiento Administrativo, Categoría 1°, sin atravesar el procedimiento de concurso público y abierto previsto de manera obligatoria en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, establecido mediante el Decreto PEN N° 366/06.
Para la Justicia Federal, el nombramiento habría vulnerado las normas vigentes que regulan el acceso a cargos dentro de las universidades nacionales, al omitirse el mecanismo de selección exigido para garantizar igualdad de oportunidades, transparencia y legalidad administrativa.
Procesamiento y suspensión preventiva
Tras reunir distintos elementos probatorios y recibir las declaraciones indagatorias de los involucrados, el juez Morán resolvió dictar el procesamiento sin prisión preventiva de Parmetler y Rivero. Asimismo, el magistrado dispuso una medida cautelar consistente en el apartamiento temporal de ambos de sus funciones por un plazo de 90 días, mientras continúa el desarrollo de la investigación judicial.
Desde el Juzgado aclararon que la suspensión responde a la necesidad de preservar el normal desarrollo del proceso y evitar eventuales interferencias, aunque ello no implica una condena anticipada ni un pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad de los acusados.
Diferente encuadre legal
La resolución judicial establece una imputación distinta para cada uno de los involucrados, de acuerdo con el papel que habrían desempeñado en el hecho investigado. En el caso de Parmetler, la Justicia lo procesó como coautor de los delitos de proposición y nombramiento ilegal para un cargo público, previstos en el artículo 253 del Código Penal, además de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, contemplados en el artículo 248 y normas concordantes.
Por su parte, Rivero fue procesada bajo la figura de aceptación ilegal de cargo público, prevista en el segundo párrafo del artículo 253 del Código Penal, en calidad de beneficiaria directa del nombramiento considerado irregular.
“La Universidad no está siendo juzgada”
El juez Federal Morán insistió en despejar interpretaciones que vinculen el proceso penal con un cuestionamiento institucional hacia la UNaF y reiteró que la investigación se limita exclusivamente a determinar responsabilidades individuales. En ese sentido, subrayó que la Justicia Federal no pretende interferir en la autonomía universitaria ni alterar el normal funcionamiento de la institución educativa, sino analizar si existieron conductas incompatibles con las obligaciones legales de los funcionarios involucrados.
Con esta resolución, la Justicia avanza en la determinación de posibles responsabilidades penales derivadas del presunto nombramiento irregular, mientras la causa continúa su curso procesal y se aguardan nuevas actuaciones judiciales.