José Mayans y María Teresa González elevaron una nota a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, expresando su rechazo al proyecto de Francisco Paoltroni que propone la intervención federal de la provincia.
Los senadores nacionales por Formosa, José Mayans y María Teresa González, presentaron una nota formal ante la presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, en la que manifestaron su preocupación y rechazo al proyecto de ley impulsado por el legislador Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza), el cual propone la intervención federal de los tres poderes del Estado formoseño.
En el escrito, los representantes del bloque justicialista sostuvieron que la iniciativa «carece de sustento fáctico y jurídico» y configura «un ataque directo al federalismo, a la preexistencia de las provincias y a la propia Constitución Nacional».
Los parlamentarios recordaron que la intervención federal es una herramienta de extrema excepcionalidad contemplada por la Carta Magna, reservada para situaciones de gravedad institucional como sedición o invasión extranjera. Remarcaron que ninguna de estas condiciones se verifica en el territorio formoseño e indicaron que «los tres poderes del Estado provincial funcionan con absoluta normalidad, regularidad institucional y pleno apego a las normativas vigentes».
Para Mayans y González, la propuesta de Paoltroni representa una utilización política de las herramientas del Congreso «para disciplinar a una provincia autónoma». Advirtieron que el proyecto surge ante la «imposibilidad de la oposición de alcanzar un respaldo electoral genuino en las urnas», lo que traduce la iniciativa en una actitud que intenta vulnerar la soberanía popular del pueblo formoseño.
En la presentación formal, los senadores hicieron hincapié en el respaldo que recibieron de diversos sectores de la sociedad civil, económica y jurídica de Formosa, quienes coinciden en que no existe causal constitucional para avanzar con la medida. Entre los sectores que se pronunciaron en contra de la intervención destacaron organismos y asociaciones judiciales, entidades profesionales y colegios de la provincia, representaciones sindicales y gremiales, y organizaciones sociales y productivas.
Otro punto del reclamo apuntó a la convocatoria que viene realizando Paoltroni en el ámbito del Congreso para reunir testimonios que avalen su propuesta. Los legisladores peronistas advirtieron que el Senado, como órgano de representación federal, no debe habilitar su estructura para actividades que busquen «socavar la arquitectura institucional» de los distritos subnacionales.
A través de una gacetilla complementaria, el espacio político de los senadores calificó la maniobra como «desmesurada e inconstitucional», cuyo fin es «doblegar políticamente a una provincia que no se somete a los arbitrios del centralismo», exhortando a las autoridades de la Cámara Alta a resguardar la seriedad del cuerpo legislativo.
Mayans y González solicitaron formalmente a Victoria Villarruel que arbitre los medios institucionales necesarios para preservar la dignidad del Senado de la Nación y garantizar el respeto de las autonomías provinciales (artículos 121 y 122 de la Constitución). Concluyeron con una advertencia: «habilitar el uso de herramientas constitucionales excepcionales con fines meramente partidarios y revanchistas sentaría un precedente gravísimo para la estabilidad democrática de cualquiera de las 23 provincias argentinas».