El Dr. Leonardo Gialluca, Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, expresó su preocupación y repudio a las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en la provincia debido a la falta de funcionamiento adecuado de la delegación del ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad). Según Gialluca, el gobierno nacional, liderado por Javier Milei, desmanteló esta delegación en Formosa por lo cual beneficiarios de pensiones y otros servicios relacionados con la discapacidad no tienen un lugar físico para asesorarse o reclamar.
En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Defensor del Pueblo destacó que la desarticulación de la delegación del ANDIS en Formosa ha provocado que la oficina local funcione de manera precaria, sin personal capacitado ni suficiente infraestructura para asistir a las personas que necesitan asesoramiento o que deben presentar documentación para mantener sus beneficios. «Si la oficina del ANDIS funcionara con normalidad en Formosa, como sucede en otras partes del país, las personas que tienen el beneficio de pensión podrían acudir y ser debidamente asesoradas», comentó Gialluca. Actualmente, sólo hay una persona administrativa trabajando en el lugar, lo que dificulta enormemente el acceso a los servicios.
El Dr. Gialluca también pidió al Ministerio de Salud de la Nación que reorganice el funcionamiento del ANDIS en la provincia para evitar que estas situaciones continúen. «Lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Salud de Nación es que justamente organice nuevamente al ANDIS en Formosa para que no haya este tipo de problemas», subrayó.
Notificaciones de
las auditorías médicas
Un aspecto que ha generado gran preocupación entre los beneficiarios es la forma en que se están realizando las notificaciones de las auditorías médicas. El Gobierno Nacional contrató a una empresa privada, Urbano Express, para la entrega de cartas documentos, lo que ha causado confusión y malestar en la población. Según Gialluca, las personas no deben buscar las cartas documentos en domicilios privados ni en medios de comunicación. «Lo que tienen que hacer es esperar que les lleguen a su domicilio particular», explicó, y agregó que la empresa es la encargada de llevar las notificaciones fehacientes.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo resaltó que existen irregularidades en el proceso. Muchas personas están siendo citadas a lugares alejados de su lugar de residencia para realizar las auditorías médicas, lo que pone en dificultades a aquellos que no pueden trasladarse debido a problemas económicos o de movilidad. «Es incomprensible que a la gente de Herradura se la mande a Lucio V. Mansilla, o a la gente de Villafañe a Palo Santo. Es una situación que complica enormemente a los beneficiarios», comentó Gialluca.
Además, las diferencias en los horarios de atención también son un problema. «Las prestatarias contratadas no respetan los horarios y fechas establecidas por el ANDIS, lo que genera más caos», afirmó el Defensor del Pueblo. En muchos casos, se les pide a los beneficiarios realizar exámenes médicos en horarios excesivos, desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, lo que no es viable para la mayoría de las personas.
Gialluca también señaló que, aunque se han hecho denuncias y presentaciones administrativas, la situación sigue siendo insostenible. En este sentido, destacó la necesidad de una intervención judicial para proteger los derechos de las personas con discapacidad. «Estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Humano para que los profesionales médicos asistan a las personas, pero esto es solo un paliativo. La verdadera solución pasa por reestructurar el ANDIS en Formosa», indicó.
Finalmente, el Defensor del Pueblo instó a las autoridades nacionales a tomar una actitud responsable y a organizar las auditorías de manera que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. «La gente necesita tiempo, un lugar accesible y un procedimiento claro para poder acreditar su discapacidad sin que se les dificulten más las cosas. Lo que estamos viendo con esta auditoría es que, en muchos casos, parece que el objetivo es eliminar los beneficios a los sectores más vulnerables del país», concluyó Gialluca.
El reclamo de Gialluca y la Defensoría del Pueblo de Formosa pone en evidencia las fallas del sistema de auditoría médica implementado por el Gobierno Nacional, y subraya la urgencia de una solución que garantice el acceso a los derechos de las personas con discapacidad en la provincia.