La Inspección General de Justicia (IGJ), que depende de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, anotó este jueves 10 de abril a cinco empresas estatales como Sociedades Anónimas (S.A.) como parte del proceso de privatización que promueve el Gobierno de Javier Milei.
El Ministerio explicó que esta decisión quiere ponerle fin al uso político de las empresas públicas, obligando a las nuevas sociedades a operar como las compañías privadas, rindiendo cuentas y presentando los balances correspondientes.
Las empresas afectadas son: Corporación Buenos Aires Sur; Fabricaciones Militares; Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA); Administración General de Puertos (AGP), que fue «absorbida por la Administración Nacional de Puertos y Navegación» (ANPYN); y Télam, que fue «disuelta«.
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En el comunicado oficial, publicado sencillamente con el título de “Motosierra”, el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona señaló que esta medida servirá para modernizar el Estado, en línea con la estrategia de bajar el gasto público y ordenar el aparato estatal
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El recorte contra las organizaciones de Derechos Humanos
El 3 de abril el Ministerio de Justicia había aplicado una decisión similar, al anunciar públicamente: «Cortamos con una caja millonaria gestionada por 13 organismos de Derechos Humanos, que gastó más de $3.000 millones de pesos anuales de los contribuyentes, sin ser fiscalizados ni supervisados. Desde el Ministerio de Justicia decidimos iniciar una auditoría y suspender todos los pagos hasta que no haya una rendición transparente de cuentas».
Los organismos de Derechos Humanos respondieron con una carta donde expresaron su punto de vista sobre la medida: «Ante la información difundida por el ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona acerca del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), desde el Directorio de Organismos de Derechos Humanos nos vemos en la necesidad de aclarar que la administración de los fondos del Ente Público tripartito en todas sus actuaciones cuenta con las firmas de las tres partes integrantes, que incluyen a la de Ciudad de Buenos Aires y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños”.
Y luego explicaron: “Además, señalamos que los fondos suspendidos momentáneamente por decisión del Ministerio de Justicia de la Nación corresponden casi en su totalidad a los salarios de los 176 trabajadores y trabajadoras, a través de quienes se sostienen a diario las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. El texto cierra con una frase contundente: “Esperamos que la situación presupuestaria pueda normalizarse rápidamente para garantizar los sueldos del personal”.
HM/ML