La querella de la familia del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado durante 372 días y luego asesinado por el ERP, presentó un recurso de reposición in extremis ante la Corte contra el fallo consideró abstracto el pedido de investigar el caso tras la muerte del líder guerrillero, Juan Kremer.
Se trata de un caso testigo para definir si la guerrillera, como los militares, cometió ese tipo de delitos que no prescriben con el paso del tiempo. Detrás del caso Larrabure están los atentados contra el comedor de la Policía Federal, el asesinato del capitán Viola y su hija y la toma del regimiento de Formosa.
Si el máximo tribunal rechaza el recurso in extremis quedaría firme la doctrina según la cual los grupos guerrilleros no cometieron delitos de lesa humanidad porque no tenían apoyo del Estado y que fue impulsada por el kirchnerismo, según fuentes judiciales.
Del Valle Larrabure como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María, Córdoba, en la madrugada del 11 de agosto de 1974, se entregó para frenar el cruento enfrentamiento. El copamiento perpetrado durante el gobierno de Isabel Perón dejó un saldo de tres muertos y 7 heridos.
El militar apareció sin vida el 19 de agosto de 1975, en las afueras de Rosario, con visibles signos de maltrato y abandono. Su cuerpo pesaba 48 kilos menos que un año antes. Esta semana el ministerio de Defensa y el Ejército hicieron una serie de actos en homenaje al militar asesinado.
En un recurso presentado por el abogado de la familia de Larrabure –a quien el Vaticano estudia si lo canoniza-, Javier Vigo Leguizamón, explicó si bien Kremer murió el año pasado, aún quedan otros 50 investigados por el ataque a la fábrica militar. Vigo Leguizamón presentó como prueba un documental de la universidad de Villa María donde algunos de los guerrilleros que protagonizaron el ataque cuentan como lo hicieron.
“El grupo de guerrilleros partícipes en el ataque a la Fábrica Militar de Villa María estuvo conformado por unas cincuenta personas aproximadamente”, señala el recurso que rechaza que la cuestión de fondo haya pasado a ser abstracta tras la muerte de Kremer.
“Carlos Raimundo Moore tuvo activa participación en el copamiento, siendo el encargado de reducir a la guardia y a la Compañía fugándose luego de su detención”, puntualiza.
En esa presentación, se recordó al máximo tribunal, que al tomar conocimiento del fallecimiento de Kremer presentó un escrito recordando que tanto la querella, como el ex fiscal general de Santa Fe Claudio Palacín, habían solicitado se llevara adelante una investigación penal integral, juzgando tanto a los autores mediatos, como directos, a los que identificó con los nombres, apellidos y grado de participación en algunos casos.
Vigo Leguizamón supuso que ese dato «no fue puesto, por la Secretaría Penal especial, en conocimiento de los Ministros de la Corte, pues, de lo contrario, resulta incomprensible que declaren la cuestión ‘abstracta’ estimando que no hay más personas a juzgar».
El letrado confió que, «como ha sucedido en otros casos frente a errores esenciales, la Corte hidalgamente reconozca el error y vuelva el expediente a fallo para dictar sentencia declarando crimen de lesa humanidad al secuestro y posterior asesinato del nombrado militar».
Vigo Leguizamón recordó que «el ERP lo tuvo cautivo más de un año, procurando que Larrabure ceda a sus peticiones y canjeara su libertad por la fabricación de explosivos (tema en el que era experto), pero él dijo que antes de eso prefería la muerte, porque no iba a traicionar a su Dios, ni a su patria ni a su ejército». «Él nunca cedió y cantaba el himno nacional para mantenerse firme. Murió perdonando a sus captores, y pidiéndoles a sus hijos que aunque ocurriera lo peor pusieran la otra mejilla. Por eso mismo hay un proceso de beatificación del coronel que está en trámite», subrayó.
Explicó que la querella pide “ese crimen y ese secuestro, fueran declarados de lesa humanidad invocando la Convención de Ginebra de 1949, que integra el derecho interno argentino desde 1970, cuyo artículo 3 común, impide torturar y asesinar a los prisioneros de guerra”.
El querellante señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe 55/97, dictado a consecuencia del ataque al Regimiento de la Tablada en 1989 por parte del grupo guerrillero Todos por la Patria, dijo que ese ataque desató «un conflicto armado interno», debiendo tanto los guerrilleros como los militares respetar esa Convención, criterio que la Corte siguió en la ‘Causa Arrillaga’, para condenar al general Alfredo Arrillaga que había defendido el cuartel».
El gobierno de Javier Milei reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “Argentina vivió un conflicto armado interno y que el crimen del capitán Humberto Viola y de su hija es de lesa humanidad”.
El video «El Copamiento» de la fábrica de Villa María, destacó el abogado querellante, aparecen “Carlos Orzacoa, Héctor Assadourián, Carlos Ortiz y Fermín Rivera» contando cómo fue el ataque.
Entre los mencionados en el recurso figuran, además,: «Carlos Raimundo Moore, María Sivori, Luis Adolfo García , Rodolfo Fernández, Juan Manuel Murua, Manuel Gutiérrez, Constantino Mario Jiménez, Raúl Horr, Manuel Alberto González, Julio Alberto Oropel, Juan Carlos Álvarez, Miguel Ángel Rodríguez, Fermín Rivera, Delia María Ferreyra de Viale, Echalar Silva, Aristóbulo Daniel Moyano, Justino Argañaraz, Orlando Luis Calamari, Ivar Brollo, Abel Gallardo, Daniel Antonio Oslon, Bruno Castagno y Rodolfo Antonio Mosquera», entre otros.