La Dirección Provincial de Vialidad, bajo la conducción del ingeniero Javier Caffa, llevó adelante trabajos de reparación sobre la Ruta Provincial Nº 3, específicamente en el tramo comprendido entre Colonia Pilagá y Loma Monte Lindo, una zona clave para la circulación vehicular y productiva que se encontraba en un avanzado estado de deterioro.
Las tareas se concretaron luego del planteo formal realizado por la Defensoría del Pueblo, que intervino en representación de vecinos, transportistas y productores que utilizan de manera habitual esta vía transversal, considerada estratégica para la conectividad territorial. La Ruta Provincial Nº 3 posee una extensión aproximada de 200 kilómetros y cumple un rol fundamental al unir el sur con el centro-norte de la provincia, conectando la localidad de El Colorado, la intersección con la Ruta Nacional Nº 81 y su prolongación hacia el norte hasta empalmar con la Ruta Nacional Nº 86.
Según se informó, el tramo comprendido entre Colonia Pilagá y Loma Monte Lindo presentaba profundos y múltiples baches, lo que dificultaba seriamente el tránsito normal. La situación se agravaba en días de lluvia, cuando los conductores se veían obligados a realizar maniobras evasivas peligrosas para evitar daños en los vehículos o accidentes, especialmente en el caso de camiones de gran porte y transporte de cargas.
Desde Vialidad Provincial indicaron que las reparaciones se ejecutaron íntegramente con fondos provinciales, permitiendo restablecer condiciones mínimas de seguridad y transitabilidad en una traza de alto impacto económico y social. “Estas obras posibilitan que tanto los vehículos particulares como el transporte de carga puedan desplazarse sin inconvenientes por una ruta fundamental para la producción y el desarrollo local”, señalaron, remarcando además que los trabajos se realizaron en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias.
Recortes nacionales y
obras sostenidas
con recursos propios
Desde la Defensoría del Pueblo destacaron que la intervención provincial se concretó a pesar de los profundos recortes dispuestos por el Gobierno Nacional en materia de obra pública y de la falta de coparticipación de fondos específicos que, según señalaron, no son transferidos desde hace más de dos años. Esta situación obliga a las provincias a sostener con recursos propios el mantenimiento de rutas y servicios esenciales.
En este escenario, advirtieron que mientras las provincias hacen esfuerzos para mantener la infraestructura vial, el Gobierno Nacional continúa incrementando la carga impositiva sobre los combustibles, lo que impacta de manera directa en el bolsillo de los ciudadanos y en los costos del transporte.
Aumentan los
combustibles,
pero las rutas siguen
abandonadas
Desde el 1º de febrero, cargar nafta o gasoil en la Argentina volvió a ser más caro. El aumento no respondió a una suba internacional del crudo ni a mejoras en la calidad del servicio, sino a la actualización de impuestos nacionales aplicada por decreto. La suba se dio a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).
En términos concretos, la carga impositiva se incrementó entre 17 y 18 pesos por litro en el caso de las naftas y más de 16 pesos por litro en el gasoil, valores que se trasladan casi de manera inmediata al precio final en surtidor y que afectan a millones de argentinos.
Lo más grave, señalaron, es que estos impuestos tienen una finalidad específica establecida por ley: financiar el mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales. Sin embargo, la realidad dista mucho de ese objetivo. Las rutas nacionales presentan un marcado deterioro, con tramos destruidos, señalización inexistente, banquinas intransitables y condiciones de circulación que representan un riesgo constante para los usuarios.
Rutas en estado crítico
y una fuerte
contradicción política
Desde la Defensoría recordaron que el deterioro de la red vial nacional se arrastra desde gestiones anteriores, pero advirtieron que en la actualidad se profundiza una decisión política del gobierno de Javier Milei: recaudar impuestos específicos, incrementarlos y no ejecutar las obras correspondientes.
En ese marco, el Ombudsman Provincial planteó una contradicción central del discurso oficial al preguntarse: “¿No era que los impuestos eran un robo?”. Remarcó que, históricamente, el propio Presidente definió a los impuestos en esos términos, aunque su gobierno no solo los mantiene, sino que los aumenta y no los destina al fin para el cual fueron creados.
Desde la Defensoría sostuvieron que el problema no es únicamente económico, sino también moral y político. Consideraron inaceptable que un gobierno que se presenta como defensor de la transparencia y la eficiencia retenga fondos específicos sin rendir cuentas ni mostrar obras concretas que justifiquen su recaudación.
Sin información, sin
obras y sin rendición
de cuentas
Hasta el momento, no existe información pública clara sobre el destino de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles. No se conocen cronogramas de obras, informes técnicos detallados ni balances accesibles para la ciudadanía. Lo único visible, remarcaron, son los aumentos sucesivos en los precios de los combustibles.
Impuestos
En este contexto, desde la Defensoría del Pueblo advirtieron que cuando un impuesto se cobra y no vuelve en servicios básicos, se viola el espíritu de la ley que le da origen. Recaudan más, pero no se arreglan las rutas, no se explica qué se hace con el dinero y se profundiza una situación que los ciudadanos perciben como una estafa silenciosa.
Finalmente, el defensor Gialluca expresó su expectativa de que la recientemente creada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, a cargo de Juan Carreira, emita alguna manifestación o explicación pública que permita esclarecer el destino de los fondos y las políticas previstas para la recuperación de la infraestructura vial nacional.