Reafirman que desde la provincia de Formosa, en el marco del Modelo Formoseño, toda política pública en discapacidad debe garantizar protección integral, inclusión real y presencia activa del Estado.
Desde la Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de la Comunidad de Formosa, se emitió un comunicado “en defensa de los derechos adquiridos” y en rechazo a las recientes medidas adoptadas por el Gobierno nacional “que ponen en riesgo la estabilidad de miles de beneficiarios de pensiones no contributivas”.
Informaron que la “la Ley de Emergencia en Discapacidad fue concebida para brindar estabilidad y seguridad a las personas con discapacidad y sus familias”.
Sin embargo, lamentaron que “la reciente resolución nacional sobre la conversión de pensiones no contributivas por invalidez introduce modificaciones que generan profunda preocupación”.
Puntualizaron que entre los puntos más sensibles se encuentran: “La exigencia de nuevos procesos de evaluación y auditoría para beneficiarios ya incorporados al sistema; la reconversión administrativa de las pensiones bajo nuevos criterios que no han sido debidamente explicitados en cuanto a su alcance práctico; la falta de claridad sobre los plazos de adecuación y los mecanismos de notificación fehaciente a los titulares”.
También “la ausencia de garantías expresas respecto de la continuidad automática del beneficio mientras se sustancian los procedimientos de revisión y la centralización de decisiones que impactan en las provincias sin una adecuada articulación operativa previa”.
De esta manera, marcaron que “estas indefiniciones generan incertidumbre en miles de familias que dependen de la pensión para su subsistencia y para sostener tratamientos, traslados y apoyos esenciales”.
Asimismo, informaron que en la última asamblea del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), realizada el 3 de marzo, de la que forma parte activa la Dirección de Personas con Discapacidad de la provincia, a cargo de la licenciada Susana Jara, “las jurisdicciones solicitaron la suspensión de esta resolución hasta tanto se garantice una implementación clara, accesible, federal y respetuosa de los derechos adquiridos, pedido al que la provincia de Formosa adhiere”.
“El Modelo Formoseño nos enseña que el Estado no puede retirarse frente a la vulnerabilidad. Debe estar más presente que nunca, acompañando, planificando y garantizando igualdad de oportunidades en cada localidad de nuestro territorio”, expresaron.
Y subrayaron que “la discapacidad no puede administrarse desde la incertidumbre burocrática”, afirmando que “se gobierna con sensibilidad social, responsabilidad institucional y compromiso político con la dignidad humana”.