Ya hay más de 50 mil inscriptos para las audiencias públicas previstas para el 25 y 26 de marzo en Diputados por la modificación a Ley de Glaciares que tiene media sanción del Senado. El oficialismo se niega a extender las jornadas e impone que haya exposiciones que se envíen por escrito o grabadas y la oposición denuncia una «trampa».
Mientras organizaciones y partidos siguen llamando a inscribirse, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz respectivamente, enviaron una nota avisando que los primeros inscriptos podrán exponer presencial el primer día y por zoom el segundo pero que el resto deberá enviar sus ponencias en forma escrita o en video, de no más de cinco minutos, para insertar al debate.
La carta señala que «la magnitud de las inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable».
Por eso adelantan que se invitará a exponer en forma presencial el 25 y en forma virtual el 26 «a los primeros inscriptos de cada jurisdicción». Así garantizarán la representación de las 23 provincias y CABA.
En el oficialismo señalan que la inscripción masiva es parte de la estrategia política opositora para dilatar el debate.
«Lo cierto es que el cambio en la modalidad fue denunciado por los opositores como una «trampa» y una violación del reglamento de la Cámara.
«Hacen trampa y trabajan para la judicialización. Se quieren robar la pelota y jugar solos. Una audiencia pública es para que la ciudadanía sea escuchada, no para pedirle a la gente que mande un videíto o un texto que nadie va a ver ni leer», señaló Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y agregó: «Por reglamento de la Cámara, la modalidad de participación se define antes de la convocatoria. No se puede cambiar sobre la marcha, sobre todo porque las pautas de la convocatoria establecían que, si hacía falta, se podían extender los días para garantizar la participación y la deliberación».
La peronista massista Sabrina Selva también denunció: «Lo advertimos: están haciendo trampa con la audiencia pública por la Ley de Glaciares. Deben extender los plazos de manera razonable para garantizar la participación, sin arbitrariedad y con transparencia, y no caer en la simulación de una audiencia pública sino cumplirla».
El fondo del debate
La ley actual protege todos los glaciares y el ambiente periglacial porque son reservas estratégicas de agua mientras que la reforma propone que sólo queden bajo protección estricta aquellos glaciares o geoformas que tengan un “aporte hídrico relevante y comprobable” a una cuenca.
A su vez le da más poder a las provincias sobre el inventario de los glaciares. El oficialismo defiende esto con el hecho de que la Constitución establece que las provincias son dueñas de sus recursos naturales.
Sin embargo, ambientalistas y abogados adelantan que se va a judicializar porque viola la Constitución al permitir una «regresión ambiental» y por permitir que las provincias decidan sobra la protección de glaciares, debilitando los «presupuestos mínimos» nacionales.