La normativa establece un marco diferenciado por nivel educativo, con restricciones totales en inicial y primaria, y uso pedagógico regulado en secundaria. Busca promover un entorno de aprendizaje adecuado y fortalecer la convivencia escolar.
La Cámara de Diputados de la provincia de Formosa aprobó, con amplia mayoría, una ley que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos móviles personales en todos los establecimientos del sistema educativo provincial, tanto de gestión estatal como privada.
La iniciativa, que recibió el respaldo del Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), tiene como objetivo central promover un entorno pedagógico adecuado, fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, y resguardar la convivencia escolar. En contraposición, votaron en contra las diputadas Mara Amarilla (interbloque Nuevo País) y Emilia Maciel (Partido Libertad, Trabajo y Progreso).
La ley establece un enfoque diferenciado según los niveles educativos. Para el nivel inicial y primario, los estudiantes no podrán llevar dispositivos tecnológicos móviles personales a los establecimientos, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas.
Para el nivel secundario, se permite el ingreso de los dispositivos, pero su uso dentro del aula estará restringido. Durante el horario de clases, los celulares deberán permanecer guardados y solo podrán ser utilizados cuando el docente lo disponga con fines pedagógicos específicos.
La normativa reconoce la autonomía institucional al establecer que el uso en espacios comunes, como patios o recreos, será regulado por cada escuela mediante acuerdos de convivencia elaborados de manera participativa con toda la comunidad educativa.
El rol del Estado provincial es clave en la implementación. La ley prevé campañas de sensibilización para la comunidad educativa sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y la promoción de prácticas digitales responsables. Asimismo, se establece la capacitación docente en el uso pedagógico de la tecnología y en protocolos para abordar problemáticas como el ciberacoso o la difusión no consentida de imágenes.
El Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, como autoridad de aplicación, deberá realizar evaluaciones periódicas sobre la efectividad de la norma y dictar las reglamentaciones correspondientes en un plazo de 90 días desde su entrada en vigencia.