El último informe de la Universidad Católica Argentina muestra una leve mejora en la indigencia, pero advierte que la inseguridad alimentaria y las carencias estructurales persisten como desafíos centrales.
Según los últimos datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza infantil alcanzó al 53,6% de la población menor de 18 años en 2025. El dato representa una mejora frente a los picos del 65% registrados durante la crisis post-pandemia, aunque los especialistas advierten que la situación sigue siendo crítica.
El informe resalta una caída relevante en la indigencia, que se situó en el 10,7% en 2025, un descenso marcado tras haber tocado un techo histórico del 17,7% el año anterior. Sin embargo, se señala que esta mejora se percibe como un fenómeno coyuntural dentro de una tendencia de largo plazo que sigue siendo ascendente.
Uno de los puntos más críticos del reporte es la inseguridad alimentaria, que afecta al 28,8% de los menores. Esto significa que casi el 30% de los niños no come regularmente o ha visto reducida su dieta. Dentro de este grupo, el 13,2% sufre de inseguridad severa, una problemática que se concentra particularmente en los hogares del Conurbano Bonaerense y los estratos socioeconómicos más bajos.
El estudio revela que el 19,8% de los niños dejó de asistir al médico o al odontólogo por falta de recursos económicos durante el último año. La salud bucal aparece como un área con graves carencias, con consecuencias que trascienden lo sanitario. Además, el 18,1% de los niños reside en viviendas precarias, el 20,9% vive en condiciones de hacinamiento y un 42% no cuenta con saneamiento adecuado en su hogar.
Ante este escenario, el Estado ha reforzado su red de contención. La asistencia alimentaria gratuita alcanzó un máximo histórico del 64,8%, impulsada por comedores escolares y la Tarjeta Alimentar. No obstante, la cobertura de transferencias monetarias directas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), registró una leve caída, llegando al 42,5% de los menores.
Ianina Tuñón, investigadora responsable del informe, advirtió que estas políticas son paliativos necesarios pero insuficientes si no se ataca el problema de fondo: la mejora de las condiciones laborales de los adultos. Sin empleo formal y salarios dignos, la dependencia de la asistencia estatal se vuelve una trampa estructural.
Finalmente, el reporte pone el foco en un cambio demográfico: la caída de la natalidad. Mientras que en 1991 el 56% de los hogares tenía menores de 18 años, esa cifra cayó al 44% en 2022. Con una tasa de fecundidad de 1,4 hijos por mujer —por debajo del nivel de reemplazo—, la crisis social parece estar condicionando no solo el presente de las familias, sino también su decisión de traer nuevas vidas a un contexto de persistente incertidumbre.