La ex administradora del EROSP, Claudia Villarruel, explicó que la Resolución 22/26 de Nación obliga a las provincias a aplicar aumentos estacionales y que el recorte de subsidios en marzo y abril impacta en las facturas de los hogares formoseños.
La diputada provincial del Partido Justicialista y ex administradora del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), Claudia Villarruel, realizó un pormenorizado análisis sobre la crisis energética que atraviesa el país. En sus declaraciones, la legisladora fue categórica al deslindar de responsabilidad a las provincias por los incrementos tarifarios, señalando que la administración de Javier Milei utiliza la energía como un bien de mercado y no como un derecho social.
Para echar luz sobre el funcionamiento del sistema, Villarruel recordó la vigencia de la Ley 24065, que establece el marco regulatorio eléctrico nacional. Explicó que el proceso se divide en tres etapas claramente diferenciadas: generación, transporte y distribución.
“La generación y el transporte están organizados y regulados por normas que son estrictamente nacionales. El precio por la generación de la electricidad lo establece la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), a través de la Secretaría de Energía de la Nación”, detalló la legisladora.
En este sentido, aclaró que cada tres meses el organismo nacional fija un “precio estacional”. Villarruel enfatizó: “Ni Formosa ni ninguna de las distribuidoras provinciales son formadoras de precios. El precio viene impuesto por la Resolución 22/26 de la Secretaría de Energía de la Nación; aplicarlo es obligatorio para las distribuidoras”.
Uno de los puntos más críticos señalados por la diputada fue la modificación del esquema de subsidios focalizados (antes categorías N2 y N3), que impactó de lleno en las provincias electrodependientes como Formosa.
Villarruel explicó que, si bien se reconoció a Formosa como zona muy cálida con un subsidio de 550 kWh para el trimestre diciembre-febrero, la gestión libertaria dejó desamparados a los usuarios en los meses subsiguientes.
“Excluyeron a los meses de marzo y abril, donde continúan las altas temperaturas. Ese subsidio fue quitado: pasamos de 550 kWh subsidiados a solo 150. Ese es el impacto que hoy está sintiendo el usuario en su factura; la tarifa se dispara y golpea la economía familiar”, sostuvo la legisladora.
Ante esta situación, recordó que el Gobierno provincial, junto a los legisladores de Unión por la Patria, continúa reclamando una tarifa diferenciada para el Norte Grande que contemple la realidad climática de la región.
Al finalizar su exposición, Villarruel lanzó una dura crítica a la filosofía política que rige actualmente en la Casa Rosada, extendiendo su preocupación a otras áreas sensibles del estado: “Es un Gobierno nacional que realmente no piensa en la gente y toma medidas en contra del pueblo. Lo podemos ver en diferentes áreas, no solo en la parte de la energía eléctrica: también en el área de discapacidad, en las universidades, el desfinanciamiento al Hospital Garrahan, la salud, la educación, la ciencia y la tecnología”.
La legisladora concluyó con una reflexión sobre la naturaleza del servicio público: “Este Gobierno no tiene una concepción de servicio público, de servir al pueblo, sino más bien de mercado, donde el precio tiene que estar dado por la oferta y la demanda. Y eso perjudica al usuario, que no puede afrontar el costo de un servicio básico como es la electricidad”.