La magistrada Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente de Formosa, analizó el proyecto de reforma electoral de La Libertad Avanza y alertó sobre sus posibles efectos negativos para la democracia y los partidos políticos.
La doctora Sandra Moreno, jueza del Tribunal Electoral Permanente (TEP) de Formosa, realizó un análisis detallado del proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional de La Libertad Avanza. En su exposición, calificó la iniciativa como “perjudicial para la democracia en general, para los partidos políticos y también para el ciudadano”.
El proyecto del presidente Javier Milei propone la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya vigencia fue suspendida excepcionalmente para 2025. Moreno recordó que la gestión actual “no lo pudo hacer en años anteriores, logró la suspensión el año pasado, pero por una única vez, según lo estableció el Congreso”, motivo por el cual “ahora quiere avanzar en una propuesta más intensa”.
Para la jueza, las PASO no son un trámite prescindible, sino que “son internas de los partidos políticos, que dan la posibilidad de proponer varios candidatos y es la ciudadanía en general, no solamente los afiliados, la que vota”. Además, señaló que este mecanismo asegura que la lista con “mayor representatividad sea la que representa al partido en octubre” y que “suele servir como un termómetro de cómo le va el Gobierno en funciones”.
Otro punto crítico es la modificación de la boleta única papel (BUP) para los cargos nacionales de 2027. Moreno advirtió que el oficialismo busca introducir cambios que podrían inducir al error al electorado, como agregar un casillero que permita considerar como voto completo al marcar solo el primer candidato de la lista. Esto, según la jueza, “generaría confusión, porque hasta ahora lo que se estuvo usando fue la posibilidad de votar en una categoría a un partido y en otra a otro partido”.
La reforma también apunta a la estructura de los partidos políticos. Entre los cambios más polémicos se encuentran el fin de los aportes estatales, la eliminación de límites de gastos y el aumento de los topes para aportes privados, lo que desregula el financiamiento de las campañas. La jueza alertó que el proyecto “no solamente propone un desfinanciamiento, una reducción de los aportes que corresponden, también hay una obligación de que para presentar una candidatura a presidente, se tenga representación en diez distritos, cuando hoy es en cinco”. Asimismo, indicó que “se busca modificar el porcentaje de adhesiones o afiliados a un partido para constituirse como tales, lo cual atentaría contra los más pequeños o de menor representación”.
Respecto a la idoneidad de los candidatos, el proyecto busca imponer la llamada “ficha limpia” para que no puedan ser candidatos quienes tengan sentencia condenatoria firme en segunda instancia por delitos dolosos.
La doctora Moreno rechazó la narrativa oficialista que fundamenta estos cambios únicamente en el ahorro fiscal y enfatizó que “para el ejercicio de los derechos y la democracia, no se puede considerar esto como un gasto, sino que es una inversión”. Para cerrar, apeló a la memoria histórica del país: “Pensemos en los años de dictadura donde no hubo democracia y se violaron los derechos humanos y los constitucionales, el perjuicio que fue para todo un país”.