El pueblo y gobierno de la localidad emitieron un comunicado en el que califican la iniciativa del senador Francisco Paoltroni como un ataque a la autonomía provincial y a la voluntad popular.
El pueblo y gobierno de Posta San Martín Dos repudiaron el proyecto de ley de intervención federal a la provincia de Formosa presentado por el senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni. A través de una declaración, el documento recordó que el legislador fue candidato a gobernador en las elecciones provinciales de 2023, por lo que, según afirmaron, esta acción “no representa otra cosa que su intencionalidad de desplazar al Gobierno legítimamente elegido por el pueblo de la provincia de Formosa”.
“Y, de esta manera, llegar al poder por un medio diferente al que establece nuestra Constitución Provincial, al no contar con el apoyo suficiente del electorado provincial para hacerlo a través del voto”, sostuvo el escrito. Asimismo, el comunicado aseguró que este proyecto de ley es “una ofensa directa a la autonomía de nuestra provincia consagrada en la Constitución Nacional” así como a la autodeterminación del pueblo de Formosa que, “con todo derecho elige a sus representantes a través de elecciones justas y limpias, que son la base de una democracia”.
“La intervención federal, en su carácter de remedio extraordinario, únicamente es viable frente a cuadros de severa crisis institucional, fehacientemente comprobados y sustentados en los motivos limitativos que prescribe la Carta Magna”, indicó la declaración. Y consideró que “promover su ejecución prescindiendo de dichos requisitos constituye no solo un agravio a la seguridad jurídica, sino también una maniobra de sometimiento político que transgrede los pilares del régimen federal”.
En ese marco, señalaron que los argumentos esgrimidos en el proyecto de ley “son falsos y manifiestamente insuficientes para justificar la aplicación del artículo 8 de nuestra Constitución Nacional”. “De ninguna manera el Gobierno de la provincia de Formosa reprime de manera brutal a los integrantes de las comunidades indígenas que habitan en su territorio, tal y como manifiesta falsamente el proyecto de ley, sino que por el contrario desde el Gobierno de la provincia se efectivizan constantemente políticas públicas en beneficio de las comunidades aborígenes que integran nuestra sociedad”, garantizaron.
Ejemplificaron con el caso de su localidad, que integra a la comunidad de “hermanos originarios”, y afirmaron que “podemos sostener ello en forma fehaciente”. “En nuestra provincia, de ninguna manera, se puede considerar que exista ningún tipo de crisis institucional, sino que, por el contrario, el pueblo formoseño elige a sus representantes en elecciones libres y transparentes, y cuyos resultados reflejan íntegramente la voluntad popular. Todo esto se intenta eludir con este proyecto, intentando desplazar en forma arbitraria a los representantes que el pueblo ha elegido”, ratificaron.
Al cerrar el comunicado, manifestaron que desde la localidad de San Martín Dos apoyan “enérgicamente al modelo formoseño y su conductor, doctor Gildo Insfrán” porque entienden que el proyecto de ley presentado “no es otra cosa que un intento por soslayar la decisión del pueblo y lograr romper esa fuerte relación que existe entre el mismo y su gobierno”.
Por su parte, el presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanín, expresó su rechazo a cualquier intento de intervención federal. Sostuvo que “plantear una intervención en una provincia donde se respeta plenamente el sistema republicano, con división de poderes en funcionamiento y procesos electorales legítimos, constituye un grave precedente institucional”. Zanín advirtió que este tipo de planteos genera incertidumbre y afecta la previsibilidad necesaria para el desarrollo económico. “Las instituciones sólidas son la base sobre la cual se construye la confianza, se promueve la inversión y se sostiene el crecimiento de las economías regionales”, señaló. Destacó los avances logrados en la provincia a partir de un esquema de trabajo articulado entre el Estado y el sector privado.