La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) emitió un pronunciamiento en rechazo al pedido de intervención federal de Formosa impulsado por el senador nacional Francisco Paoltroni, defendiendo la independencia judicial y las autonomías provinciales.
Jueces de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de todo el país, nucleados en la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus), expresaron un enérgico rechazo al pedido de intervención federal de la provincia de Formosa impulsado por el senador nacional por Formosa Francisco Paoltroni.
A través de un contundente pronunciamiento institucional, la entidad reafirmó el principio de independencia judicial consagrado en la Constitución Nacional y advirtió sobre los riesgos que implicaría avanzar sobre las autonomías provinciales y el normal funcionamiento de los poderes judiciales locales.
En el documento, la JuFeJus recordó que su Estatuto, en el artículo 2 inciso r), rechaza “la puesta en comisión de jueces, la intervención del Poder Judicial y otras medidas análogas” que puedan afectar la independencia judicial y las garantías del debido proceso.
“El principio del juez natural y el respeto al debido proceso constituyen pilares esenciales del sistema democrático y de la confianza pública en la administración de justicia”, señalaron las autoridades de la entidad, la presidenta Emilia María Valle y la secretaria, Adriana García Nieto.
La declaración también remarca que los magistrados “solo pueden ser removidos por las causales previstas en las respectivas constituciones provinciales”, subrayando que cualquier intento de intervención sobre los poderes judiciales provinciales podría vulnerar principios constitucionales fundamentales.
El pronunciamiento de la Junta Federal no solo representa una defensa de la independencia judicial, sino también un fuerte respaldo al federalismo argentino y a las autonomías provinciales establecidas por la Constitución Nacional. La entidad recordó antecedentes similares ocurridos en provincias como San Luis, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, La Rioja y Santa Cruz, donde también se manifestaron en contra de medidas que pudieran afectar el equilibrio institucional de los poderes judiciales locales.
Además, la JuFeJus advirtió que, desde la reforma constitucional de 1994 y la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, el Estado argentino tiene la obligación de garantizar plenamente el debido proceso y la independencia de los tribunales. En ese marco, consideraron que una eventual intervención federal sobre el Poder Judicial formoseño “sentaría un precedente preocupante” para el sistema republicano y democrático del país.
Uno de los puntos más críticos del comunicado apunta al origen del pedido de intervención. Desde la Junta Federal señalaron que resulta especialmente preocupante que la iniciativa provenga de un legislador nacional, quien debería actuar en defensa del federalismo y del respeto a las autonomías provinciales. “La intervención federal debe entenderse como una medida excepcional y restrictiva, incompatible con cualquier avance que comprometa la autonomía judicial y el normal desarrollo de los procesos conforme a las normas constitucionales vigentes”, sostuvieron.
Asimismo, remarcaron la necesidad de evitar “cualquier forma de presión indebida” sobre los poderes judiciales provinciales y defendieron la importancia de preservar el funcionamiento institucional como garantía de estabilidad democrática.
En el tramo final del comunicado, la JuFeJus convocó a todos los actores políticos y sociales a respetar plenamente las instituciones y el orden constitucional, señalando que la confianza ciudadana en la Justicia depende del respeto irrestricto a la independencia de los tribunales. “La credibilidad pública en el accionar de los poderes judiciales provinciales es indispensable para el correcto funcionamiento de la democracia”, afirmaron Valle y García Nieto.