La Defensoría del Pueblo pidió al Congreso que trate y apruebe la iniciativa que busca reestructurar deudas de consumo de las familias, en medio de un récord de morosidad.
El aumento de la morosidad no es solo un indicador financiero, sino también una señal de tensión social. Desde la Defensoría del Pueblo se solicitó al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y a los presidentes de las comisiones permanentes que se trate y apruebe el proyecto de ley denominado “Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados”, también conocido como “Plataforma DesendeudAR – Segunda Oportunidad Familiar”. La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados en abril de este año, en un contexto de alto nivel de endeudamiento familiar.
El ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, explicó que el proyecto busca crear un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal para reestructurar deudas de consumo de los hogares —como tarjetas de crédito, préstamos personales y fintechs— mediante un procedimiento administrativo gratuito y breve, con intervención estatal como árbitro.
Entre los beneficios previstos se encuentran el establecimiento de topes en las cuotas (entre el 30% y el 33% de los ingresos familiares), planes de pago sostenibles y la eliminación de intereses por mora. La medida alcanzaría a personas físicas, no a empresas, que no pueden afrontar el pago de sus pasivos ante la caída de ingresos.
El proyecto se suma al debate sobre la crisis de deuda familiar en Argentina en 2026, presentándose como una alternativa a los acuerdos privados entre deudores y entidades financieras.
“La morosidad en tarjetas de crédito alcanzó en 2026 niveles récord en más de dos décadas, reactivando alarmas en bancos, fintechs y en el propio Congreso. El deterioro de la capacidad de pago afecta a millones de personas. Según datos legislativos, cerca de 5 millones de argentinos enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, mientras que la morosidad alcanza al 40% de los jóvenes y se multiplicó por cuatro en jubilados”, afirmó Gialluca.
Las consecuencias del endeudamiento incluyen intereses punitorios elevados, reportes negativos en centrales de riesgo y potenciales acciones judiciales como embargos. Durante la pandemia, medidas del BCRA —como la refinanciación automática de saldos y la extensión de plazos— permitieron contener la mora, que llegó al 7% en 2020 y luego descendió al 3,2% en hogares.
“Hoy, sin ese paraguas regulatorio, el escenario es distinto: la combinación de endeudamiento acumulado desde 2024, menor licuación inflacionaria y tasas elevadas genera un cóctel que presiona sobre la capacidad de pago. En este contexto, el crédito vuelve a ser un factor de riesgo sistémico para las familias, en un panorama donde la recuperación económica no logra compensar el peso creciente de las obligaciones financieras”, concluyó Gialluca.