El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, en su rol de vicepresidente de ADPRA, se sumó al pedido de un marco normativo integral que aborde los riesgos digitales que enfrentan los menores, superando la fragmentación y la autorregulación empresaria.
El Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, en su carácter de vicepresidente de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), informó que la organización, junto a un amplio conjunto de actores institucionales, académicos y sociales, solicitó a las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento prioritario de una regulación integral para la protección de los derechos de niños y adolescentes en los entornos digitales accesibles en el país.
Gialluca señaló que esta problemática no puede seguir abordándose de manera fragmentada ni apoyarse solo en esquemas de autorregulación, y remarcó la necesidad de un marco normativo integral acompañado por políticas públicas en educación, salud, alfabetización digital y apoyo a las familias. ADPRA advirtió que “la Argentina no puede seguir abordando este tema mediante respuestas fragmentadas, tardías o basadas casi exclusivamente en la autorregulación empresaria”, y que el problema no debe reducirse de manera simplista al uso de pantallas ni confundirse con los usos pedagógicos de la tecnología.
La entidad consideró que “el foco principal debe ponerse en las plataformas algorítmicas, en sus diseños, en sus incentivos económicos y en los riesgos que producen o amplifican”, enumerando riesgos como violencia digital, grooming, discursos de odio, difusión no consentida de contenidos, desinformación, acceso temprano a pornografía, apuestas, consumos problemáticos, dificultades para la desconexión y afectaciones al bienestar y la salud mental. Asimismo, señalaron que estos riesgos se intensifican en contextos de desigualdad, sobrecarga de cuidados y debilitamiento de políticas públicas.
La futura regulación, según ADPRA, debe partir de consensos básicos: exigir que las plataformas identifiquen, evalúen y mitiguen riesgos relevantes para menores; incorporar un principio de seguridad desde el diseño y por defecto; y asegurar una protección reforzada para niños más pequeños, con verificación de edad proporcional y respetuosa de la privacidad. También se destacó la necesidad de participación de los propios niños y adolescentes en el diagnóstico y diseño de respuestas.
Por ello, se solicitó al Congreso de la Nación que impulse con carácter prioritario una regulación integral que establezca obligaciones claras de prevención, seguridad desde el diseño, transparencia algorítmica, límites al uso de datos personales y perfilamiento de menores, mecanismos de supervisión y sanción, y un debate plural, federal e interdisciplinario con participación de sociedad civil, academia, organismos públicos, sistema educativo y de salud, y adolescentes.