El gremio estatal advierte que el piso salarial de un millón de pesos es insuficiente frente a la inflación y exige una normativa que garantice negociaciones colectivas en la provincia.
En un contexto económico signado por la inflación persistente, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Formosa renovó su reclamo por una recomposición salarial urgente para el segundo semestre y la sanción de una Ley de Paritarias provincial. A través de un comunicado, el sindicato señaló que, si bien el piso salarial alcanzó el millón de pesos tras los últimos aumentos, ese monto resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo.
El secretario general de ATE Formosa, Carlos Villasanti, afirmó: “El piso de un millón de pesos es insuficiente frente al avance inflacionario. Por eso demandamos la sanción de una ley de paritarias en la provincia”. El dirigente subrayó que la brecha entre ingresos y costo de vida continúa ensanchándose, especialmente por el aumento de servicios y alimentos.
La preocupación del gremio se extiende al interior provincial, donde la implementación de los incrementos es más errática. Villasanti indicó que en algunos municipios y concejos deliberantes se registraron demoras en el pago del último tramo del 7% de aumento, y que muchos trabajadores recurren al crédito para llegar a fin de mes, generando un creciente sobreendeudamiento.
ATE insiste en que la solución de fondo no es un bono o un decreto, sino una normativa que regule las negociaciones colectivas. “Insistiremos mediante presentaciones escritas y formales ante el Poder Ejecutivo para solicitar mejoras, hasta que se trate y apruebe una normativa que garantice el acceso a la negociación paritaria”, señalaron desde la conducción sindical.
Con el inicio del segundo semestre, el gremio planea intensificar las gestiones para lograr un nuevo incremento que actúe como paliativo contra la inflación y sentar las bases para una ley que otorgue voz a los trabajadores en sus condiciones laborales. Mientras tanto, el malestar crece en la administración pública, a la espera de una respuesta oficial que revierta la pérdida del poder adquisitivo.