En un contexto de intenso movimiento vehicular, tanto de transporte liviano como de cargas y pasajeros, se multiplican los reclamos por el grave deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Formosa. Así lo advirtió el Defensor del Pueblo provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, quien señaló que la situación es generalizada y responde a una decisión política del Gobierno Nacional de abandonar el mantenimiento vial, pese a contar con recursos específicos destinados a ese fin.
Según explicó el funcionario, en los últimos días el organismo recepcionó numerosas quejas de usuarios que deben circular por rutas con pozos, ahuellamientos y calzadas deformadas, lo que obliga a la invasión de carriles, especialmente por parte del transporte pesado. Esta situación se agrava durante las lluvias y deriva en un aumento de los siniestros viales.
Si bien el Distrito 22 de Vialidad Nacional realiza algunas tareas puntuales, Gialluca afirmó que las mismas no alcanzan a cubrir las necesidades reales de quienes transitan diariamente por las rutas nacionales. “Las reparaciones que hoy se están ejecutando responden, en muchos casos, a órdenes judiciales, porque algunos funcionarios temen terminar enfrentando una causa penal”, sostuvo.
En ese marco, el Defensor del Pueblo coincidió con declaraciones recientes del ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, quien manifestó: “Es difícil pedirle a un gobierno integrado por gente que vive en un radio de dos kilómetros alrededor del Obelisco y viaja en avión que se interese por las rutas de Santa Fe, Formosa o Chubut. No les importan las rutas nacionales”.
Impuesto a los
combustibles y
fondos no enviados
Desde el organismo constitucional remarcaron que no se trata de falta de fondos, sino de una definición política. Cada 50 litros de combustible cargados incluyen actualmente alrededor de $8.500 correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos, tributo que por ley tiene asignación específica para el mantenimiento y construcción de rutas, pero que hoy queda en manos del Estado Nacional sin ser aplicado a ese destino.
Durante el último año, la recaudación por impuestos a los combustibles aumentó de manera significativa. Entre enero y noviembre de 2025, los ingresos por el ICL y el impuesto al CO₂ casi se duplicaron en relación con 2024, alcanzando unos 3.000 millones de dólares en valores nominales, sin que esos recursos se hayan traducido en mejoras viales. Si bien el Gobierno Nacional aplicó actualizaciones parciales y postergaciones impositivas para contener los precios de los combustibles, la recaudación total continuó en alza.
Gialluca también cuestionó la falta de planificación: “No se resuelve de un día para el otro, pero no hay un plan de obras ni de mantenimiento. En marzo de 2025 se disolvieron todos los contratos de conservación vial y se prometieron concesiones que avanzan de manera apática, mientras la gente sigue circulando por rutas destruidas”.
Presupuesto 2026 y
preocupación del sector
Si bien el Presupuesto Nacional 2026 contempla partidas para infraestructura vial, entre ellas los $624.119 millones del Plan Nacional de Inversiones y fondos específicos para Vialidad Nacional, entidades como la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y medios especializados advierten que los montos resultan insuficientes frente a la inflación, además de alertar sobre posibles subejecuciones y un proceso de vaciamiento del organismo.
En el caso de Formosa, también se señala la exclusión de proyectos de infraestructura vial, profundizando el deterioro de rutas estratégicas para la producción, el transporte y la seguridad vial, mientras el Estado Nacional continúa recaudando impuestos que, por ley, deberían volver a las rutas.