jueves, 15 enero, 2026
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Obra Pública de Formosa: Vialidad Nacional confirma denuncia penal por irregularidades en la Autovía

En una entrevista que ha generado un fuerte sismo político en la provincia, el Ingeniero Víctor Padilla, Director de la Delegación Formosa de Vialidad Nacional, rompió el silencio en el programa “Una Cuestión de FEr”, conducido por Fernando López a través de FM VLU 88.5. En un diálogo extenso y sin concesiones, el funcionario no solo detalló el plan de infraestructura para los próximos años, sino que confirmó lo que muchos sospechaban: la existencia de una denuncia penal por irregularidades graves en la ejecución de la Autovía, una obra que se ha convertido en el símbolo de la inoperancia y el manejo discrecional de fondos públicos.

El Escenario de las Obras: Presupuesto 2026 y la «Herencia» Recibida

La charla inició con un panorama sobre la continuidad de los trabajos en un contexto nacional de fuerte ajuste. Padilla fue claro al señalar que, a pesar de la paralización generalizada, la gestión actual ha logrado blindar recursos específicos para Formosa. “Lo que hemos hecho nosotros de nuestra parte, digamos, la gestión nacional fue prever los fondos necesarios para la culminación de la obra para el año 2026”, explicó el ingeniero, diferenciando la gestión técnica de la retórica política.

Según el funcionario, el anuncio de la continuidad de las secciones 1A y 1B de la Autovía Sur y la terminación del viaducto sobre la Avenida Kirchner son realidades tangibles gracias a la obtención del Vapín (Asignación Presupuestaria con crédito). Sin embargo, el dato más relevante para el norte provincial fue el compromiso de reactivar la duplicación de calzada desde la Virgen del Carmen hasta el barrio Namqom, una zona crítica por su siniestralidad vial.

La Bomba Judicial: «Hay una Denuncia Penal por Irregularidades»

El momento de mayor tensión en la entrevista ocurrió cuando se abordó la auditoría realizada sobre el tramo Mansiila-Tatané. Padilla reveló que al asumir su cargo en abril de 2024, decidió no ser cómplice de la situación previa y solicitó una revisión técnica y administrativa total. Los resultados de dicho peritaje técnico fueron contundentes y ya están en manos de la justicia federal.

“Hay algunas irregularidades que hemos encontrado y que de hecho eso está auditado y está bajo inclusive hay una denuncia penal, que eso se lo estoy adelantando”, disparó Padilla. Ante la insistencia del periodista sobre los motivos, el funcionario mantuvo la cautela por el secreto de sumario, pero reafirmó que la denuncia es consecuencia directa de las “irregularidades que se han encontrado” en el proceso de construcción y administración. Este tramo, que presenta un avance del 77%, se encuentra bajo la lupa debido a versiones que indican que la calidad de los materiales y la ejecución de las capas asfálticas no coinciden con lo certificado y cobrado por las empresas contratistas.

El Fin de la «Caja» Provincial en las Rutas Nacionales

Uno de los cambios estructurales más profundos que mencionó Padilla es el traspaso de la fiscalización. Durante años, bajo un sistema de convenios, el Gobierno Nacional ponía el dinero y la Provincia de Formosa debía controlar la obra. Este esquema, según el análisis posterior de López, fue el «agujero negro» donde se habrían diluido los controles.

“Ahora el control y la inspección la tiene Vialidad Nacional. Antes la tenía la provincia”, sentenció Padilla. Este cambio busca evitar el conflicto de intereses donde el controlador y el ejecutante pertenecían a la misma órbita política provincial, garantizando que cada peso invertido se refleje en el espesor del asfalto y no en retornos espurios.

Mantenimiento de Emergencia: Rutas 86, 95 y 81

Mientras se dirimen las causas judiciales, la realidad vial no espera. Padilla reconoció el estado crítico de las Rutas 86 y 95, calificándolas en algunos sectores como «destruidas». El plan inmediato consiste en una obra de servicio de emergencia. “Vamos a demoler lo que está construido, lo que está roto, digamos, lo que está destruido y vamos a darle transitabilidad a esos tramos hasta que venga la obra mayor”, detalló.

Además, informó que se están adjudicando licitaciones para la limpieza de 30 metros en la zona de camino de las rutas 81, 86 y 95, así como la provisión de mezcla asfáltica para bacheo en toda la jurisdicción. “Hemos hecho un plan de obra de ataque para toda nuestra jurisdicción. De hecho es el distrito Formosa, somos uno de los distritos que mayor cantidad nos han adjudicado”, afirmó, destacando la gestión realizada ante la casa central de Vialidad.

Análisis de Fernando López: «El Problema es Cuando se Hace Mal y se Paga Bien»

Tras despedir al entrevistado, el conductor del programa realizó un descargo feroz sobre la cultura de la obra pública en Formosa. López recordó la sombra de Lázaro Báez y la Ruta 86, trazando un paralelismo con las denuncias actuales. “Muchos acá hicieron un gran negocio con la obra pública. Muchos se llenaron de guita en Formosa con la obra pública haciendo mal y cobrando bien”, denunció el periodista.

López hizo hincapié en la «memoria selectiva» de la política local, recordando que muchas obras inauguradas con bombos y platillos por la gestión anterior estaban a medio terminar o presentaban fallas estructurales a los pocos meses de su estreno. “¿Cómo puede ser que estemos con obras que deberían terminarse, no sé, en 3, 4 años, pasen 10 años y no se termina la obra. Es muy sencillo esto, cuando ocurre una cosa así ¿Sabes la cantidad de guita que se pierde? Y en realidad no se pierde, la perdemos nosotros los ciudadanos, pero termina en el bolsillo de alguien”, concluyó.

Una Provincia a la Espera de Justicia

La confirmación de una denuncia penal por parte de un funcionario de la talla de Víctor Padilla marca un antes y un después en la relación Provincia-Nación respecto a la infraestructura. La sociedad formoseña asiste hoy a la confirmación técnica de lo que el sentido común dictaba al transitar rutas nuevas ya deterioradas: que la obra pública fue utilizada como una herramienta de enriquecimiento ilícito. El desafío ahora queda en manos de la justicia, para determinar quiénes fueron los responsables de controlar y no lo hicieron, y quiénes fueron los empresarios que se beneficiaron de este sistema.

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