Mientras avanza la licitación de la línea de subte F, por vía de decreto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires transformó en sociedad anónima a la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). Desde la administración de Jorge Macri afirman que la compañía seguirá en manos del Estado, pero bajo un nuevo esquema societario. Aunque aseguran que no está en los planes su privatización ni cambiar la concesión, lo cierto es que este cambio societario abre las puertas a una eventual futura privatización.
El decreto del jefe de Gobierno porteño dispone la conversión de la firma pública que actualmente tiene a su cargo el desarrollo, la administración, la expansión y el control de la operación del servicio del sistema de infraestructura del subte, compuesto por seis líneas (A, B, C, D, E y H) y el Premetro. Será, a partir de ahora, una Sociedad Anónima Unipersonal.
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Jorge Macri
Bajo la estructura de su predecesora SBASE seguirá funcionando la nueva sociedad SBASAU, que también tendrá por objeto «la prestación de servicios públicos de transporte de pasajeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por prolongación de sus itinerarios y recorridos, en territorio provincial». Y se regirá en base a las funciones y competencias que fueron establecidas por la Ley 4.472, aprobada por la Legislatura porteña en 2012 tras el traspaso de las competencias de Nación a CABA.
Para encontrar el motivo del cambio hay que retrotraerse a los últimos días de diciembre del 2023, en los albores del gobierno de Javier Milei. Desde Uspallata señalaron a Ámbito que el cambio implementado en SBASE (ahora SBASAU) «responde a la adaptación a las normativas nacionales vigentes». «Viene en línea con el DNU 70/2023 y la ley Bases y Puntos de Partida», explicaron.
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Ocurre que en su primer mes de gobierno, el Presidente de la Nación firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que, además de derogar cientos de normas y modificar otras tantas, eliminó la ley nacional de Sociedades del Estado 20.705, de 1974, la cual prohibía a las empresas estatales convertirse en entidades anónimas con participación estatal mayoritaria, ni tampoco admitir la incorporación de capitales privados.
El artículo 48 del decreto de Milei también estableció que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquiera sea el tipo o forma adoptada, deberán transformarse en Sociedades Anónimas y pasar a estar sujetas a la Ley General de Sociedades 19.550.
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La reconversión en sociedad anónima implica la constitución de capital social. El nuevo estatuto, publicado junto al decreto 20, fija la suma en más de un billón de pesos ($1.184.310.351.539) y estará representado por el mismo monto en acciones que tendrá un valor nominal de $1 cada una, otorgando un derecho a voto por cada acción. Los papeles de la empresa serán nominativos, no endosables y ordinarios. Asimismo, el capital podrá elevarse «hasta el quíntuplo del monto fijado».
El nuevo esquema incorpora el capital accionario a la estructura societaria. Sin embargo, a diferencia de la ventas de empresas estatales que impulsa Milei, como AySA, no se explicita la posibilidad de venta de acciones al sector privado. En caso de elegir ese camino, deberá tener el visto bueno de la Legislatura.
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En la administración de Macri esperan que el cambio de figura societaria permita agilizar los procesos de contrataciones, de compras a proveedores y, en paralelo, facultar a la empresa a salir al mercado de capitales en busca de deuda -en caso de ser necesario- para obras de infraestructura o adquisición de material rodante. El artículo 5° del estatuto la habilita a «contraer préstamos, empréstitos y otras obligaciones con bancos oficiales y particulares, organismos de créditos internacionales o de cualquier naturaleza, Sociedades o personas jurídicas o de existencia visible, del país y del exterior».
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