En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, se refirió a la reciente reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad que ordenó el Gobierno nacional tras un fallo judicial y lamentó que haya tenido que darse en ese marco y no “por decisión política”.
Vale destacar que la medida fue dispuesta mediante el Decreto 84/2026 publicado en la última edición del Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.
“Por una orden judicial, no es por voluntad ni decisión del Gobierno nacional, se reglamentó la ley para todo el país, algo que ya veníamos pidiendo con todo el colectivo de discapacidad en la provincia de Formosa”, indicó el funcionario.
Y advirtió que, con esta reglamentación, el Gobierno nacional “gana tiempo” ya que “se crea la Secretaría Nacional de Discapacidad, desaparece la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), algo que perjudica mucho a los millones de personas con discapacidad en la República Argentina”.
“Por otro lado, para todas las medidas de criterios de inclusión, nuevas auditorías, permanencias, se decide convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con lo cual eso se va a dilatar en el tiempo. Volvemos otra vez a un panorama de incertidumbre”, lamentó.
Asimismo, Gialucca ahondó en que este nuevo organismo dependiente del Ministerio de Salud “seguramente fijará nuevos criterios y va a convocar a nuevas auditorías”.
“Y lo positivo, para llamarle de alguna manera a todo esto, es que sí la reglamentación de la ley y la ley misma establece lo que nosotros veníamos pidiendo sobre las personas con discapacidad: que el Estado, al momento de concederlas, de mantenerlas, de auditarlas, no sólo tenga una tenga una mirada médica, técnica, como lo venía haciendo, y ahí que se dieron miles y miles de bajas con las auditorías o suspensiones que después en Formosa se pudieron reincorporar y restaurar”, explicó.
Y aclaró: “La ley tiene una mirada de la discapacidad que es contextualizándola con la situación social y económica en la cual vive la persona con discapacidad y su entorno, la familia. Es decir, no una mirada solamente médica”.
Entonces, el representante del área, consideró que “ese es el gran avance” y opinó que el nuevo desafío es “estar atentos por si hay que hacer alguna presentación, que la haremos, respecto a lo que decida la Secretaría de Discapacidad, que es la que está en este momento en lugar de la ANDIS”.
En cuanto a los beneficios que traería esta nueva normativa a este sector de la sociedad, analizó que, en principio, es el enfoque “más amplio” porque contempla no sólo “a la persona que padece algún problema de TEA o alguna otra discapacidad no tan visible a la sociedad”.
“Hay muchas discapacidades que tienen que ser analizadas con los integrantes del grupo familiar en el contexto económico en el que viven, en el lugar en el que viven, porque nuestro país tiene una vastedad territorial y realidades muy diferentes. Eso es lo que veníamos planteando”, sostuvo.
Por otra parte, señaló Gialluca, implica que se mantendrán todas las pensiones por discapacidad por lo que pidió “llevar tranquilidad a las personas” pero sin desatender a lo que pueda ocurrir en este marco.
“Vamos a estar atentos conjuntamente con la Dirección de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad, con las fundaciones, con las asociaciones, porque seguramente algún tipo de auditorías puede llegar a convocarse y esto muchas veces se notifica a través del Boletín Oficial y son pocas las personas que llegan a enterarse”, aseguró.
Y cuestionó, otra vez, la decisión de disolver la ANDIS como un organismo especializado en discapacidad y crear esta secretaría dentro del Ministerio de Salud porque “hace perder una independencia y una funcionalidad específica para el beneficio de todas las personas con discapacidad”.
Por último, el Defensor del Pueblo, recordó que “nunca ocurrió en democracia” que “el Congreso sancione una Ley, el Presidente tiene la oportunidad de vetarlo, el Congreso insistió y no había motivos para que no se reglamentara e igual no lo hicieron”.
“Se tuvo que acudir a la justicia federal para ordenar al Presidente de la Nación que reglamente algo que de por sí ya lo tenía que hacer, lo hicieron porque no tenían otra alternativa, porque si no iban a caer bajo la figura de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y otros delitos previstos en el Código Penal”, manifestó.
Y profundizó: “Aparte de bastardear y estar insultando en forma permanente a las personas con discapacidad, algo que se continúa haciendo, hacer esto de las medidas que se van a implementar, con el Consejo Federal de Discapacidad, no lo hacen de buena fe”.
Por ende, Gialluca, expresó que “acá hay una decisión para ganar tiempo y para perjudicar a las personas con discapacidad”, pero garantizó que “van a intervenir las provincias en el Consejo Federal y seguramente de allá saldrán las decisiones que tienen que tomar”.