El 4 de marzo de 1948, los gobiernos de Argentina y Chile formalizaron en Santiago un acuerdo de acción conjunta para la protección y defensa jurídica de sus derechos soberanos en la Antártida. Aquel documento, suscripto por el canciller argentino Juan Atilio Bramuglia y el ministro de Relaciones Exteriores chileno Germán Vergara Donoso, estableció que ambos actuarían «de común acuerdo» en la zona comprendida entre los meridianos 25° y 90° de longitud oeste.
Se sabe que el punto central del acuerdo fue el reconocimiento mutuo de que ambos Estados poseen derechos indiscutibles de soberanía en la región. Aunque las reclamaciones territoriales de Buenos Aires y Santiago se superponían en gran medida, los gobiernos decidieron postergar la delimitación de una frontera común para priorizar un frente unido.
A partir del texto original del acta, ambas naciones se comprometieron a no realizar actos que pudieran perjudicar los intereses de la contraparte hasta que se alcanzara un tratado de límites definitivo.
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El cierre del documento ocurrió en un momento de máxima tensión internacional.
Seguido al fin de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido había intensificado su presencia en las islas Shetland del Sur, mientras que Estados Unidos lanzaba la masiva Operación Highjump.
Algunas fuentes diplomáticas directas vinculadas al seguimiento histórico de este caso confirmaron que la instrucción del presidente Juan Domingo Perón era clara: consolidar la noción de una «Antártida Sudamericana» para evitar que el territorio fuera considerado res nullius (tierra de nadie).
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El contexto de la alianza estratégica
El escenario previo estuvo marcado por gestos de alta política. Apenas semanas antes de la firma, el presidente chileno Gabriel González Videla se convirtió en el primer mandatario del mundo en visitar la Antártida, inaugurando la base Bernardo O’Higgins. Este acto, sumado a la creación de la Comisión Nacional del Antártico en Argentina, aceleró la necesidad de un marco legal bilateral. El acuerdo de 1948 fue la respuesta formal a las notas de protesta que el Foreign Office británico enviaba regularmente a ambas capitales.
Simultáneo a la ceremonia en Santiago, el canciller Bramuglia declaró ante la prensa que el entendimiento buscaba «hacer valer los títulos que la historia y la geografía han otorgado a nuestras naciones». Estas palabras, registradas en las crónicas oficiales de la Cancillería chilena de 1948, subrayaban la teoría de la contigüidad geológica como base del reclamo. El pacto permitía que las Armadas de los dos países operaran en la zona sin generar incidentes por la superposición de jurisdicciones, algo que facilitó el abastecimiento de las bases.
El diario The New York Times, en su edición del 5 de marzo de 1948, reportó que el acuerdo era un desafío directo a las ambiciones del Reino Unido. La publicación destacaba que, por primera vez, dos naciones sudamericanas establecían una zona de defensa conjunta en el polo sur. Esta unidad táctica obligó a las potencias del hemisferio norte a considerar la postura de Buenos Aires y Santiago en cualquier foro internacional posterior sobre el destino del continente blanco.
MV