En un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, los rectores de universidades públicas manifestaron su preocupación por la caída en las transferencias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, declarando la emergencia del sistema.
Las máximas autoridades de las universidades nacionales argentinas se reunieron en el 95° Plenario de Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde expresaron una profunda preocupación por la situación que atraviesa el sistema universitario público. El contexto está marcado por restricciones presupuestarias, deterioro salarial e incertidumbre para el desarrollo de sus funciones principales.
El diagnóstico se basa en un informe del CIN, presentado durante el plenario realizado en la Universidad Nacional de La Pampa. Según el documento, las autoridades declararon la «emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional». Además, exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamaron una convocatoria urgente a la paritaria nacional para recomponer los salarios del sector.
En términos presupuestarios, el informe señala que las transferencias a las universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Esta reducción, calificada como «inédita», afecta todas las dimensiones del funcionamiento universitario.
Respecto a los salarios, se detalló que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los incrementos acumulados fueron del 158%, mientras que la inflación en el mismo período alcanzó el 280%. Esto generó una pérdida del poder adquisitivo del orden del 32%. Según el análisis, esta caída equivale a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales, tomando como base el salario de noviembre de 2023, situando a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años.
Para recuperar el poder adquisitivo perdido, el informe plantea que los salarios deberían experimentar una recomposición del 47,3% respecto a los niveles de febrero de 2026. Por otro lado, el poder adquisitivo de las partidas para gastos de funcionamiento no ha superado el 64% del nivel de enero de 2023 durante la actual gestión, ubicándose actualmente en torno al 40%.