El organismo vial requirió formalmente a la Defensoría que gestione información ante ARCA y el Banco Nación para esclarecer el destino de los recursos recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos.
La Dirección Nacional de Vialidad solicitó formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa para avanzar en un pedido de informes dirigido a organismos nacionales. El objetivo es esclarecer el uso de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles líquidos.
La información fue confirmada por el defensor del Pueblo provincial, José Leonardo Gialluca. Detalló que la Gerencia Ejecutiva de Comunicaciones y Políticas de Vialidad Nacional, a cargo de Matías Ezequiel Vozza, notificó oficialmente a la institución tras un requerimiento previo para conocer el destino de los recursos correspondientes a los períodos 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026.
Según se indicó, luego de la intervención de las áreas técnicas de Vialidad Nacional —dependientes del Ministerio de Economía de la Nación— se concluyó que la información detallada sobre la utilización de esos fondos no se encuentra directamente en ese organismo. En consecuencia, se recomendó que el pedido de informes sea dirigido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encargada de la recaudación, y al Banco de la Nación Argentina, en su carácter de entidad fiduciaria.
Desde Vialidad Nacional se indicó que el producido del impuesto se distribuye conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 23.966, modificado por la Ley Nº 27.430. Además, se requirió conocer el destino de los fondos transferidos al fideicomiso creado por el Decreto Nº 976/2001, instrumento clave para el financiamiento de obras viales.
Gialluca señaló que la Defensoría ya activó las instancias correspondientes para requerir formalmente la información a los organismos mencionados. «Esperamos que tanto ARCA como el Banco Nación respondan en tiempo y forma sobre el destino de estas importantes sumas de dinero», expresó.
En el centro de la consulta se encuentra un monto estimado en 1.165.491 millones de pesos. Según estimaciones de un grupo de legisladores nacionales, correspondería a fondos del impuesto a los combustibles que no habrían sido destinados al sistema vial, pese a que la legislación establece que el 28,58% de lo recaudado debe ser asignado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
De acuerdo con esos cálculos, durante 2024 la recaudación del impuesto registró un incremento del 378% respecto al año anterior, lo que implicaba una transferencia de 354.835 millones de pesos al sistema vial. En 2025, la recaudación creció un 92% adicional, alcanzando cifras aún más elevadas. En los dos primeros meses de 2026 se registró un nuevo incremento en la recaudación, con 122.530 millones de pesos que deberían haber sido transferidos a las provincias según la normativa.
Este presunto incumplimiento legal ha dado lugar a diversas denuncias que actualmente se encuentran en trámite judicial, mientras que el Congreso de la Nación también ha impulsado pedidos de informes sin obtener, hasta el momento, respuestas concluyentes.