El senador Francisco Paoltroni presentó un proyecto de ley para la intervención federal de Formosa. La iniciativa, que retoma impulso tras las elecciones provinciales, genera debate sobre sus alcances institucionales y su impacto en la provincia.
El senador nacional Francisco Paoltroni confirmó que presentó formalmente ante el Senado de la Nación un proyecto de ley para la intervención federal de la provincia de Formosa, elaborado junto al constitucionalista Daniel Sabsay. La iniciativa ya circula entre legisladores de ambas cámaras, fue remitida a representantes diplomáticos y gobernadores, y llega en un momento de alta tensión política entre el gobierno nacional de Javier Milei y el gobernador peronista Gildo Insfrán, quien se encuentra en el poder sin interrupción desde 1995.
El propio Paoltroni había anticipado que la propuesta sería postergada durante 2025 para evitar que se interpretara como una maniobra electoralista. «Esperamos que pase el proceso electoral y el recambio legislativo para avanzar con una cuestión que es estrictamente institucional», declaró el legislador. Ahora, tras las elecciones en las que el gildismo obtuvo el 67% de los votos, el proyecto retoma impulso.
Para su aprobación, el proyecto deberá superar la Comisión de Asuntos Constitucionales y luego obtener mayoría absoluta —37 votos— en el pleno del Senado. Paoltroni asegura que el oficialismo nacional y sus aliados cuentan con los números necesarios.
Antecedentes: una herramienta con historia pesada
La intervención federal es un mecanismo previsto en el artículo 6° de la Constitución Nacional argentina, concebido para garantizar el orden republicano en las provincias ante situaciones de crisis institucional, sedición interna o invasión externa. Desde la reforma constitucional de 1994, su aplicación corresponde exclusivamente al Congreso Nacional —no puede ser dispuesta unilateralmente por el Ejecutivo salvo en caso de receso parlamentario, con convocatoria inmediata obligatoria.
A lo largo de la historia argentina, el instituto fue usado con frecuencia. La Argentina acumula más de 150 intervenciones federales, de las cuales cerca de dos tercios fueron dictadas por decreto presidencial —sin intervención legislativa—, práctica que la reforma del 94 intentó frenar. En la era democrática, los antecedentes más recientes incluyen la intervención de Tucumán en 1991, la de Catamarca en 1991, y las dos intervenciones a Corrientes —en 1992 y 1999— por severas crisis fiscales y de gobernabilidad. En todos esos casos, el proceso generó una profunda dislocación de la administración provincial, con consecuencias de mediano y largo plazo para los servicios públicos y la estabilidad del empleo estatal.
Una provincia joven en un país que la ignoró durante décadas
Formosa es una provincia constitucionalmente nueva: se incorporó al sistema federal argentino en 1955, cuando se creó como provincia a partir de lo que había sido el Territorio Nacional de Formosa. Mientras Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe acumulaban décadas de construcción institucional, infraestructura productiva y desarrollo de mercados privados respaldados por el Estado nacional, Formosa recibía lo que sobraba —y a veces ni eso.
Los sucesivos gobiernos nacionales, independientemente de su signo político, trataron históricamente a las provincias del norte con la lógica del extractivismo político: útiles para los votos, prescindibles para la inversión. Las rutas, los puentes, las redes eléctricas, los sistemas de riego, los gasoductos —todo aquello que en otras regiones el Estado nacional construyó como condición de posibilidad para el desarrollo privado— llegó al norte con décadas de retraso o directamente no llegó.
En ese contexto, acusar a Formosa de «no tener sector privado» sin preguntarse por qué no lo tiene, es un ejercicio de hipocresía histórica. No existe empresa privada viable sin energía confiable, sin caminos para exportar, sin conectividad para operar en la economía moderna. Formosa tardó mucho más que el promedio nacional en acceder a esas condiciones básicas.